Desde el primer minuto en que fue transferida a la Corte Suprema, la oficina que hace escuchas telefónicas –antes conocida como Ojota (Observaciones Judiciales) y ahora llamada Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom)– es escenario de hechos de dudosa legalidad que consolidan una alianza entre el Poder Judicial, sectores de inteligencia y el Poder Ejecutivo. El día que incorporó la estructura para pinchar teléfonos por un DNU de Mauricio Macri, que se las sacó a la Procuración General, la Corte firmó una acordada que designaba como director del nuevo organismo “por sorteo” al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. El mecanismo del sorteo estaba previsto en el decreto del Poder Ejecutivo y se haría entre jueces con rango de camaristas, que son decenas en todo el país. Lo sorprendente del caso es que un día antes en el diario La Nación y dos días antes en Perfil ya anunciaban que el nombre sería el de Irurzun. PáginaI12 accedió al expediente 7597/2015, que contiene la documentación correspondiente al traspaso y la fundación de Dicom de la Corte y no hay allí ninguna constancia o acta que dé cuenta de que el sorteo se haya hecho, ni quién lo hizo ni cuándo ni cómo.

Dentro de la Corte, empleados y secretarios dan por hecho que el sorteo no existió. Si se probara que la designación de Irurzun fue a dedo, podría estar en juego un delito, el de falsedad ideológica de documento público, ya que la acordada de los supremos dice: “en el día de la fecha se practicó, en el Tribunal, un sorteo para designar al Director General del organismo y resultó desinsaculado el señor Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, doctor Martín Irurzun”. Como su número dos quedó nombrado el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. El texto fue firmado por el presidente tribunal, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Como fedatario firmó Daniel Marchi, el hombre de máxima confianza de Lorenzetti, y a quien personal cortesano cuestiona porque tiene cargo de secretario (de Administración) pese a no cumplir todos los requisitos, que son los mismos que para ser camarista, como tener título de abogado de acuerdo al Reglamento de la Justicia. Esto podría ser un problema agregado, si se interpreta que hay otra irregularidad.

En una secretaría de la Corte está casi abandonado, en un rincón, el viejo bolillero que se suele utilizar para los sorteos de conjueces, cuando los supremos se excusan. Pero en el expediente –que está en la Dirección de Administración, a cargo de Marchi– no hay un acta u otro tipo de evidencia de que haya sido utilizado. Tampoco de que se haya recurrido a un sorteo informático, como en muchos tribunales. La mayoría de las cámaras, por ejemplo, cuando hacen sorteos labran un acta o dejan consignado en algún lado el procedimiento utilizado y a cargo de quien estuvo. Este era un caso bien particular y sensible, por tratarse del aparato de escuchas telefónicas. 

El primer DNU de Macri sobre el tema decía que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara a designar por sorteo y señalaba que duraría en sus funciones un año sin posibilidad de renovar hasta pasados cinco años. Cuando se vencía el mandato de Irurzun, el Gobierno publicó un nuevo decreto (102/2017) que establecía que el director del aparato de escuchas (en realidad el cargo se llama Director de Asistencia Judicial en delitos complejos y Crimen Organizado) pasaría a tener un mandato de tres años en lugar de uno. Y que por única vez se mantienen en el cargo los jueces ya nombrados, empezando a correr los tres años a partir del decreto. Una vez que se venza el mandato del director, el subdirector pasará a ocupar ese lugar.

Así, el camarista Irurzun, nombrado por la Corte por un supuesto sorteo, se convertía también el elegido del Gobierno de Macri. La nota de La Nación que anunciaba su designación un día antes del sorteo, decía directamente que el máximo tribunal evaluaba pasarle “el control” de las escuchas a la Cámara Federal porteña al mando de Irurzun, que es lo mismo que decir el corazón de Comodoro Py, donde tramitan las causas contra funcionarios y ex funcionarios. Perfil, el 13 de febrero, decía que la Corte “pondría al presidente de la Cámara Federal”, Irurzun. Este juez, a quien funcionarios de Comodoro Py vinculan con el ex jefe de Operaciones de la ex Side, Antonio Horacio Stiuso, es el ideólogo de los fallos que les han indicado a distintos jueces, y en especial a Sebastián Casanello, que investiguen a Cristina Fernández de Kirchner, en ese caso por lavado de dinero. Además, revocó el sobreseimiento de Elisa Carrió -denunciante estrella de Lorenzetti- por supuesto enriquecimiento ilícito y la semana pasada dejó en manos del juez Claudio Bonadio, el más enfrentado con CFK, la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La ejecución de escuchas telefónicas estuvo históricamente en manos de la ex Side a través de la Oficina de Observaciones Judiciales, conocida como Ojota. Es decir, era manejada dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reformó la ley y transparentó el funcionamiento de todo el organismo de inteligencia (que creó la Agencia Federal de Inteligencia) y sus gastos, transfirió también el área de escuchas al Ministerio Público Fiscal. Esto tenía una lógica agregada: con el nuevo Código Procesal Penal que instalaría un sistema acusatorio, los fiscales tendrían un manejo directo y activo de las investigaciones penales. Pero el actual Gobierno puso trabas para implementar esa reforma debido a que no quiere a Alejandra Gils Carbó al frente, sino a un funcionario que les sea leal, y también le quitó por DNU el órgano que hace las escuchas, la ex Ojota.

Una cuestión llamativa es que desde que se hizo la transferencia se comenzaron a ventilar episodios de espionaje político liso y llano, a través de la difusión de escuchas telefónicas que ejecutó a lo largo del año pasado, y en rigor no bien cambió el gobierno, el órgano de escuchas de la Corte. En un caso, inclusive, la jueza María Servini de Cubría había ordenado destruir todo el material, que incluía conversaciones del ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, en una “precausa” (un expediente que arma la AFI cuando sospecha de un delito). Como es obvio, a la hora de asumir responsabilidades se pasan la pelota entre la Corte y la AFI, ya que esta última a veces realiza las transcripciones y entrega el material a los jueces. Las filtraciones de conversaciones de CFK y Parrilli son parte de la misma saga. La Corte previó mecanismos de control que, evidentemente, en esos casos no se aplicaron.

Históricamente la Ojota, ubicada en un edificio de avenida de los Incas que cuenta con toda la tecnología para interceptar llamadas y hacer seguimientos, graba las conversaciones, a veces el material se transcribe y se entrega al juez o jueza que lo pidió. En casos de secuestros, por ejemplo, se escuchan las llamadas y se establece un contacto con los investigadores. Es una especie de asistencia técnica, y tiene que verificar que todos los pedidos sean legales, ordenados por un juzgado.

En septiembre del año pasado, según consta en el expediente al que accedió este diario, la Corte Suprema amplió las facultades del área y creó la “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación” que pasó a englobar a la oficina de Captación de Comunicaciones. ¿Esto que implica? Que además la Corte, o este ente que se supone que es autónomo bajo la dirección de Irurzun, les ofrece asistencia en las investigaciones a los jueces que la pidan. Interviene, según la acordada que definió esa expansión en casos de: tráfico ilegal de estupefacientes, precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, crimen organizado y de carácter trasnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales. O sea, prácticamente todo lo que hay en Comodoro Py podría tener participación de este organismo que dirige el camarista Irurzun, que seguramente desde su tribunal deberá revisar las apelaciones en muchos de esos casos.

Para el Ejecutivo, el espionaje y la posibilidad del uso político de la información acopiada son temas de máximo interés, y encontró la posibilidad de meterse de algún modo en la estructura suprema, que este año amplió más todavía sus facultades en un convenio con el Ministerio de Justicia para que tenga acceso a las grandes bases de datos del Estado: datos de la Inspección General de Justicia (IGJ), del Registro de la Propiedad, del Registro Automotor, de la AFIP, del Registro nacional de las Personas y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es decir, la Dicom podría tener acceso a toda esa información si hay una causa judicial que lo justifique. Pero eso no sería un obstáculo ya que, como está a la vista, cualquier excusa puede servir hoy para generar causas en Comodoro Py. Esto le da a la ex Ojota un poder enorme de acceso a información de todo tipo, desde propiedades hasta cuentas bancarias, ya sea de funcionarios oficialistas u opositores, también de los propios jueces cuando son investigados. Y todo eso bajo el mando del propio presidente de la Cámara Federal.

La prolongación por decreto del mandato de Irurzun generó ruido en la  Comisión Bicameral de seguimiento de las actividades de inteligencia. Y corrió un rumor de que podrían llegar a rechazarlo o no avalarlo. Eso explica la presencia reciente de Lorenzetti en el Congreso. Tal como está armado el aparato de espionaje anclado en el Palacio de Justicia, una verdadera agencia de inteligencia paralela, le cierra al Gobierno y le cierra a la Corte.