El Gobierno presentó, después de los resultados del operativo Aprender, el Plan Maestro –a mitad de camino entre plan y proyecto de ley– mediante el cual se pretende una intervención a largo plazo en el sistema educativo.
La primera observación a hacer es que es un Plan Maestr@ sin maestr@s ni comunidad educativa ni escuelas públicas. El único espacio en que el sector docente podría haber realizado un aporte es la consulta “on-line”, mencionada una vez en los medios y nunca más publicitada, y que no consta en la página web del Ministerio de Educación. No ha habido una consulta organizada por escuelas o distritos y, menos, una construcción con los sindicatos docentes. Tampoco queda claro el papel de las provincias en la elaboración del Plan, aunque el Gobierno sostiene que fue acordado en el Consejo Federal de Educación.
Se trata de una iniciativa que, en principio, puede movilizar ciertos consensos en nuestra sociedad como el deseo de más y mejor educación. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Sin embargo, el problema central es político y remite a los modos de construcción de la política pública, a las metas establecidas y a la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de metas que deberían ser discutidas por los actores del sistema. Así, el Plan Maestr@ debe leerse en el marco de las políticas educativas que viene desarrollando el Ministerio de Educación (sin paritarias docentes, con un Instituto Nacional de Formación Docente que está siendo desmantelado y desfinanciado, con reducidos programas de apoyo sociocultural a las escuelas, etc.). También hay que leerlo a partir de lo que no dice, oculta y niega. Se trata de un proyecto que enumera metas en un plazo de 10 años, es decir, un lapso que excede largamente el mandato de este Gobierno. Pareciera que de ese modo resguarda al gobierno de Cambiemos de la responsabilidad de rendir cuenta de los resultados de sus políticas educativas.
El Plan afirma que el sistema se encuentra en “emergencia educativa”, pero para sostener una afirmación tan contundente se basa en investigaciones que en la mayoría de los casos no cita y utiliza en sus fundamentos datos desactualizados, que tienen más de una década. En el Plan se plasman ideas que este Gobierno tiene acerca de la educación basadas en los principios de la Nueva Gestión Pública que, en términos generales, propone a las evaluaciones estandarizadas como parámetro de calidad, propicia una nueva carrera docente, fomenta el espíritu emprendedor, reduce la educación a la formación de recursos humanos de acuerdo con las demandas del mercado, etc.
El Plan carece de una perspectiva pedagógica sobre los problemas de enseñanza y aprendizaje. El énfasis está puesto en la producción de información y de mecanismos a través de los cuales esa información debería llegar en tiempo y forma al público. De este modo redefine la función del Estado, que deja de ser responsable de producir las condiciones pedagógicas y sociales para el mejoramiento de la educación y, al mismo tiempo, desconoce el sistema de información que funciona en el ámbito nacional desde 1994. Orientado por una visión instrumental y economicista, el Plan sostiene la idea de que cada uno, finalmente, es responsable del destino que supo construir. Esta es la contraparte de la reconfiguración del Estado.
Allí, el docente es presentado como el responsable por los resultados de aprendizaje (medidos en pruebas estandarizadas). De la mano de la acreditación de los Institutos de Formación Docente, se propone una nueva carrera sin especificar ni los ámbitos de debate ni el papel de las organizaciones gremiales en su definición.
La cuestión del financiamiento de las metas está ausente. Es notable que con esa formulación ambiciosa de metas no se aluda al necesario aumento de la inversión educativa tomando en cuenta que el 6 por ciento de la Ley de Financiamiento Educativo ya había quedado desactualizado con la obligatoriedad de la escuela secundaria y de la sala de 4 (y se quiere sumar la sala de 3 dentro del sistema educativo). ¿Con qué fondos financiarán las provincias estas metas? ¿Las provincias deberían buscar financiamiento externo e incrementar la deuda pública?
Cuando en el Plan Maestr@ se refiere a los niveles obligatorios de escolaridad se focaliza en “los” y “las” pobres, sin mencionar a otros sectores sociales que concurren a la escuela y sin mostrar ninguna preocupación por la construcción de un tejido común. Subyace claramente la idea de que la escuela pública es sólo para los sectores en condición de pobreza.
El conjunto del Plan busca afianzar un imaginario negativo sobre la educación pública, una educación colocada bajo sospecha, devaluada y considerada como ineficiente. Se presenta al sistema educativo como un desierto, sin historia, sin saberes docentes y sin experiencias estudiantiles significativas. Por ende, la única alternativa posible es modificar radicalmente lo existente.
El rumor según el cual el Plan se impondría por decreto, evitando la vía parlamentaria, es un alerta para los sectores que estamos comprometidos con los debates en los ámbitos públicos y con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
* También firman Teresa Artieda, Adela Coria, Myriam Feldfeber, Marina Paulozzo, Patricia Redondo, Silvia Serra, Marcela Sosa, Myriam Southwell y Sofía Thisted, integrantes del Colectivo Conversaciones Necesarias.
