El ex procurador del Tesoro, o sea el ex jefe de los abogados del Estado Carlos Balbín, declarará mañana como testigo en la causa abierta por las maniobras del grupo Macri y de funcionarios nacionales en relación con el Correo Argentino. La convocatoria se debe a que, antes de ser echado del cargo, Balbín firmó un dictamen que estuvo en línea con la auditoría realizada por Guillermo García, un funcionario sin alineamiento político, en la que se señalaron las gravísimas irregularidades en el concurso de acreedores del Correo y el vaciamiento de la empresa.
El juez de la causa es Ariel Lijo y la declaración de Balbín fue pedida por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien imputó al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y otros funcionarios del actual gobierno e incluso a la jueza que tramitó el expediente vinculado con el concurso de acreedores del correo por el vaciamiento y por maniobras que perjudicaron al Estado nacional. El año pasado se intentó un acuerdo considerado ruinoso y abusivo en el que se pretendió condonarle al grupo Macri gran parte de la deuda con el Estado. El hecho se convirtió en un escándalo debido a la oposición de la fiscal Gabriel Boquin, quien sacó a la luz un acuerdo que parecía sellado de antemano entre la empresa y el Gobierno, donde a ambos lados de la mesa estaba Macri.
En abril pasado, el procurador del Tesoro fue despedido de su cargo y se lo reemplazó por alguien del riñón del Presidente, el ex abogado del grupo Macri, Bernardo Saravia Frías. Seguramente el letrado familiar defenderá con más convicción casos escandalosos como la venta de MacAir y, sobre todo, intervendrá más inflexiblemente en la defensa de medidas contra las mayorías como fueron los aumentos de tarifas. A Balbin le enrostraban, bajo cuerda, que fue débil en el respaldo judicial a los aumentos de gas. Pero su citación en este caso se debe a que, antes de ser eyectado del cargo, firmó un dictamen que respaldaba la auditoría realizada por Guillermo García, el la que se señalaron irregularidades en el proceso sobre la deuda del Correo. El texto fue publicado por el periodista Ari Lijalad en la página Nuestras Voces. Por ejemplo, García señaló la insólita extensión del período de exclusividad a lo largo de 16 años, cuando lo permitido son cuatro meses. El período de exclusividad está destinado a que el deudor–en este caso el Correo-Grupo Macri– haga una oferta a los acreedores, principalmente el Estado. A esto se agregan numerosos otros hechos como el juicio del Grupo Macri al Estado, también por el Correo, en el que exigía cifras descomunales de indemnización e intereses abusivos, mientras que en el juicio contra ellos rechazaron pagar intereses muchísimo más bajos.
Zoni tomó en cuenta nuevos aportes de la fiscal Boquín, quien denunció no sólo las demoras sino operaciones de vaciamiento. Por ejemplo, el Correo destinó millones de pesos a comprar acciones de una empresa automotriz del grupo Macri, una forma de sacar dinero de esa empresa, eludir el reclamo del Estado y engrosar los intereses de la familia presidencial. Lo que sobrevuela los dictámenes de Balbín, García y también de Boquín es que debió declararse la quiebra del Correo y con ello la responsabilidad del Grupo Macri, algo que hubiese operado como una bomba en la economía de la familia presidencial. Por ejemplo, los Macri hubieran perdido el derecho a participar de la obra pública.
Después de Balbín va a declarar Guillermo García, quien firmó la auditoría. Ninguno de los dos enfilará los cañones contra el gobierno, aunque tampoco podrán escaparse demasiado de lo que ya dictaminaron y firmaron. Balbín tiene como referente a Elisa Carrió, que ya hizo público que durante la campaña electoral va a amortiguar las críticas internas.
