Desde el surgimiento del movimiento Ni una Menos se incrementaron las denuncias ante la Defensoría del Público. “Existe una mirada cada vez más atenta sobre las coberturas que los medios hacen sobre las distintas formas de violencia hacia las mujeres y también las niñas. Tanto sobre los femicidios como la violencia sexual, el abuso sexual, o el acoso callejero”, reveló a PáginaI12 la titular del organismo María José Guembe. Ayer, la Organización de Estados Americanos distinguió al organismo por su labor en la “promoción de la equidad de género en la radio y televisión argentina”. En un acto que se llevó a cabo en la ciudad mexicana de Cancún, durante la 47° Asamblea General de la OEA, Guembe recibió el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva”. La búsqueda de “acuerdos amistosos” y “reparatorios” con medios que emiten contenidos discriminatorios hacia mujeres o integrantes de colectivos de la diversidad sexual es uno de los aspectos que se destaca de su labor.

Se trata de un reconocimiento al plan federal de acción en materia de equidad de géneros en la radio y la televisión que la Defensoría promueve desde sus inicios. “La Defensoría trabaja sobre los derechos a la igualdad y a la no discriminación reconocidos en las normas internacionales y nacionales y, procura su respeto en la comunicación audiovisual. Trabajamos bajo la convicción de que los medios tienen un rol fundamental en la transformación social y cultural de los prejuicios y estereotipos que derivan en discriminaciones y violencias. Y son imprescindibles para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos”, señaló Guembe a este diario.

Guembe quedó al frente de la Defensoría del Público luego de que se venciera en noviembre de 2016 el mandato de Cynthia Ottaviano, al cumplirse el cuarto aniversario de la puesta en marcha del organismo creado por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que el actual gobierno derogó por decreto. Nunca se reunió la comisión bicameral del Congreso que debe designar a su sucesora.

El plan federal de la Defensoría incluye tres componentes centrales: por un lado, el diseño de un mecanismo de diálogo con los medios audiovisuales y de búsqueda de la reparación de los derechos vulnerados. En segundo lugar, las actividades de formación y debate que el organismo realiza en todo el país y finalmente, el desarrollo de herramientas pedagógicas para contribuir al tratamiento respetuoso de los derechos en la radio y la televisión. Entre los casos de “reparación” por derechos vulnerados figura el acuerdo con Radio Mitre, luego de que en 2014 el conductor Jorge Lanata se burlara en su programa de la identidad de género de Florencia de la V. Finalmente, la emisora aceptó pasar unos spots donde se enumeraban los derechos ampliados con la Ley de Identidad de Género. También la Defensoría intervino frente a las denuncias contra publicidades sexistas como la de la cerveza Andes, cuyo fabricante tuvo que retirarla de la tele y publicar una solicitada en diarios para pedir disculpas.

La Defensoría no tiene poder sancionatorio. Pero cuando no puede llegar a un acuerdo con el denunciado, deriva el expediente al Enacom, el organismo que reemplazó a la Afsca. Como ocurrió con el programa El Ángel del mediodía, de Radio 10, conducido por Baby Etchecopar, en relación a una emisión de 2014, donde se empleó un discurso con sentido discriminatorio hacia personas de la comunidad homosexual. Finalmente recibió una sanción del Enacom en 2016.

–¿Cuáles son los principales temas por los cuales las audiencias denuncian? –preguntó PáginaI12.

–Se centran –señaló Guembe– por un lado en tener acceso a los medios audiovisuales: a la televisión gratuita (TDA), a emisiones libres de interferencias, a las señales obligatorias de televisión paga; cuotas de programación; a las herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad. Este último aspecto es uno de los que más reclamos recibió desde la creación de la Defensoría y donde existe un déficit enorme en el cumplimento de la ley. Existe además una preocupación constante por el sostenimiento de los medios comunitarios y de los pueblos originarios y también por la realización del plan técnico que permitiría hacer realidad la reserva del 33 por ciento del espectro para el sector sin fines de lucro y así garantizar el pluralismo y contribuir a la democratización. Por otro lado, en cuanto a las representaciones en los medios, las preocupaciones centrales son la protección de niños y niñas, tanto respecto del horario protegido como respecto de la vulneración de la intimidad, la imagen. Los discursos lesivos hacia las mujeres y los colectivos LGTTTBIQ, dentro de los cuales se denuncia la cosificación, sexualización, estigmatización y violencia mediática. En este año apareció con más fuerza la preocupación de la representación negativa o estigmatizante de las personas migrantes y la discriminación clasista –señaló Guembe.