“Con lo que hay hasta ahora alcanzaría y sobraría para citarla (a Gabriela Michetti) a prestar declaración indagatoria, y así lo solicito, por enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión maliciosa sin perjuicio de continuar investigando a la Fundación Suma, de la cual ella es titular, junto con el resto de sus integrantes, por otros delitos, como lavado de activos, además de las restantes fundaciones que obran en la causa”, dice un escrito que presentó ayer en el juzgado de Ariel Lijo el abogado que hizo la denuncia que dio origen a la investigación. La vicepresidenta contestó un rato más tarde en el Senado: “La Justicia tiene todo. Si necesita algo más lo va a tener, estoy súper tranquila. Es bueno que la causa tenga un ámbito de resolución que sea un juzgado y no un parlancherío mediático. Hemos dado más prueba de la que nos pidieron”.
El abogado Leonardo Martínez Herrero refuta que Michetti haya presentado pruebas de más. Al contrario, dice que mientras debería demostrar y justificar el origen legítimo de los 245.000 pesos y 50.000 dólares que fueron robados de su casa –porque así lo requiere el delito de enriquecimiento ilícito, que invierte la carga de la prueba– ella no ofreció ninguna prueba documental sino sólo testigos conocidos suyos, varios de ellos miembros incluso de SUMA, que dicen que le dieron ese dinero en efectivo como aporte para la cena de fin de año de la fundación. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue uno de los que recaudó, igual que el jefe de despacho de Michetti, Santiago Riobó, y la hermana, Silvina Michetti, quienes también dicen que hicieron sus aportes.
Michetti presentó hasta ahora una veintena de testigos (amigos, conocidos, empleados suyos del Senado y dirigentes) que dieron una misma explicación cuando fueron citados: que aportaron dinero en efectivo ante el pedido de colaboración para el festejo anual de SUMA, por montos de entre 5000 y 15.000 pesos; y que nadie les dio un recibo, algo que atribuyen a que el dinero nunca llegó a la fundación porque antes fue robado.
Una de las testigos, Claudia del Valle Nunia, fue denunciada ayer mismo por presunto falso testimonio. Cuando declaró, dijo que trabaja de manera independiente, como consultora de empresas, en su especialidad como ingeniera, y que percibe ingresos por unos 25.000 pesos mensuales. Pero todo indica que sería socia de la hermana de Michetti en la empresa SIL SA., operadora de la tintorería 5 à Sec, entre otras empresas de limpieza, que factura más de 1,5 millón de pesos. Cuando le preguntaron sobre esta cuestión Michetti dijo: “No sé a qué se refiere, no estoy en tema. Está el abogado. No quiero ni debo hablar porque así lo decidimos con el abogado”. “Yo estoy con una paz, con una tranquilidad que así apoyo mi cabeza en la almohada y duermo sin problemas. Espero que termine la causa y después diré lo que tenga que decir”, agregó la vicepresidenta mostrándose despreocupada.
En el mismo escrito, Martínez Herrero puntualiza las irregularidades por las que considera que Michetti ya debería ser indagada:
- “La resolución 3166/2011 de la AFIP prohíbe hacer las donaciones en efectivo y ordena que sean bancarizadas”.
- “No existen recibos emitidos por la fundación SUMA o quién recibió el dinero en nombre de ella”.
- “Si el dinero era para la fundación ¿Ppor qué se recaudó en el Senado? ¿Por qué el jefe de despacho lo llevó a su propia casa después, otro día los trasladó a la casa del novio de Michetti y éste finalmente lo dejó en la casa de ella?”
- “No veo el por qué de no asentar el origen del dinero que era legal y para la fundación extendiendo el recibo correspondiente a no ser que fuera para otros fines, como por ejemplo ser usados por la senadora Michetti.” Y “¿cuál era la urgencia para recaudar el dinero en efectivo?”
El robo en la casa de Michetti fue el 22 de noviembre de 2015, el mismo día del ballottage presidencial, y la cena debía ser abonada una semana después. De hecho, igual fue pagada.
“Michetti no puede justificar el dinero que estaba en su domicilio. Otro dato sumamente curioso es que el dinero hace todo un recorrido desde el despacho en el Senado, pero la fundación queda a la vuelta. ¿Por qué no lo llevaban ahí directo si era para la cena? ¿Y por qué si el dinero se lo roban a la fundación no es ésta la que hace la denuncia sino Michetti?”, se pregunta en diálogo con PáginaI12 el abogado.
En el juzgado de Lijo todavía aguardan información bancaria relacionada también con las otras fundaciones investigadas que están vinculadas a dirigentes del PRO: Formar, presidida por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; Fundar, a cargo del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y Pericles, de Fabián Rodríguez Simón, colaborador personal del presidente Mauricio Macri y diputado del Parlasur. Al momento de la apertura de la causa, ni éstas ni SUMA habían presentado balances en la Inspección General de Justicia.