Con 39 votos a favor y 8 en contra, la provincia de Tucumán aprobó la adhesión a la Ley Micaela, la norma que establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencias machistas para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado.
La provincia era la única que quedaba sin adherir a la normativa nacional y los grupos antiderechos presionaban para impedir el tratamiento en la legislatura. Así, los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán capacitarse en perspectiva de género.
Para AM750, el periodista Ramiro Rearte precisó que la oposición a la medida provino del Bloque de Fuerza Republicana, que preside el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi.
