La ley nacional de Salud Mental, sancionada en el año 2013 con el número 26.657, a través de su órgano de revisión, dice que toda muerte producida en contexto de encierro en instituciones públicas y privadas, deben ser investigadas y considerarse "muerte de causa dudosa". Esto, más allá de las distintas versiones que surgirán, deberá primar para esclarecer la muerte de Lucas Figueroa, de 19 años, fallecido en la madrugada de ayer en el Sanatorio Neuropático, una institución privada ubicada en San Martín al 5800. El chico era seguido por la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de una medida excepcional articulada con la Dirección de Salud Mental. El hecho se suma a las controversias generadas a partir de las críticas de trabajadores de distintas áreas de niñez por el traslado de niños y adolescentes a instituciones privadas.

Sobre Lucas se dirá que padecía graves problemas de consumo, que la semana previa a su muerte había sido muy conflictiva, que se había escapado de la institución en distintas oportunidades y que en las últimas horas del 19 de junio llegó al Neuropático golpeado pero que se negó a ser atendido, y que pasadas las una de la mañana del 20 de junio sufrió un paro cardíaco. Pero también, como lo afirman fuentes cercanas al caso, se dirá que en el Neuropático el chico tenía poca contención, y que cuando padecía crisis se lo medicaba de más para que no molestara. Nada de esto será certeza en tanto no se realicen los procedimientos legales que conduzcan al esclarecimiento del hecho. Pero hasta el momento, nada lleva a ese camino: al cierre de esta edición en la Fiscalía no había información sobre el caso.

Mientras tanto, trabajadores del Estado manifiestan dudas por este hecho y apuntan las críticas hacia el Neuropático, pero sobre todo hacia el Estado provincial. "Lo conocí a Lucas porque estaba en otro pabellón y nos cruzábamos. Tuvo una crisis y fue intervenido por la institución", dice un trabajador que desde hace un tiempo circula por los pasillos del Neuropático en el marco de otra intervención. "Tengo preocupación por eso, porque uno va a trabajar y no sabe con qué se va a encontrar. Es una situación muy complicada que fue empeorando. Cambiaron la dirección pero se siguen implementando las mismas políticas con los pibes", dice respecto de la Dirección de Niñez que comenzó el 2017 estrenando nuevas autoridades pero manteniendo las costumbres. Sobre el Neuropático apuntó: "Es un lugar con muchísimas deficiencias higiénicas, la semana pasada hubo un brote de gripe y un brote de sarna".

 

"La responsabilidad del Estado es primaria. Lo tenía que proteger y lo desprotegió doblemente". Silvia Grande

 

Ahora, las preguntas que surgen son varias. "Cómo se planifica la internación en una institución psiquiátrica privada a un chico que tiene intervención de la Dirección de Niñez y Salud Mental. Por qué no intervienen efectores públicos. Cuáles son los protocolos de procedimiento de control de las condiciones en las cuales están alojados e internados estos niños en estas instituciones. La Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes qué control ejerce sobre esas instituciones respecto de niños que están alojados ahí con intervención de Niñez", cuestionó Salvador Vera, abogado de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. "Hay internaciones en clínicas psiquiátricas privadas sobre las cuáles no se hacen controles", agregó. Sobre este punto insistió Silvia Grande, del Movimiento de Usuarios y Trabajadores en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, al explicar que el órgano de revisión de la ley de Salud Mental, en el ámbito provincial, está recién plasmado en un proyecto que descansa en las cámaras legislativas esperando su aprobación. Luego, Grande vuelve sobre la responsabilidad del Estado en casos como el de Lucas: "La Ley de Salud Mental dice que cualquier muerte producida en situación de encierro debe ser indagada obligatoriamente, debe ser investigada porque es dudosa". "Fue puesto por el mismo Estado en ese lugar. Es grave la situación, la responsabilidad del Estado es primaria, no solo de contralor, porque es el mismo autor de la medida que llevó a esa situación. El Estado lo tiene que proteger y lo ha desprotegido doblemente", analizó.

Mientras se espera por el esclarecimiento, y sin apresurar conclusiones, la muerte de Lucas llega en un momento en el cual la situación de la niñez en la provincia es preocupante. No solo por las denuncias realizadas por los casos de jóvenes trasladados a instituciones privadas cuestionadas por sus prácticas, sino también por la falta de articulación entre ministerios y direcciones que tienen que trabajar por los derechos de la infancia y la adolescencia. Este punto fue una de las principales críticas de la Audiencia Pública sobre políticas de niñez realizada en el Concejo Municipal el pasado 12 de junio, en la que el silencio de las autoridades provinciales se hizo sentir.