El peso del alquiler de la vivienda dentro de los gastos de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires creció de 33 a 42 por ciento, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La mayor incidencia se explica porque, luego de la devaluación de diciembre de 2015, el costo del alquiler se disparó un 33 por ciento interanual, mientras que el ingreso per cápita promedio de los hogares afectados trepó apenas un 12 por ciento. Esa situación llevó a que cada vez sean menos los hogares pobres que alquilan en la Capital Federal. En 2015, el 16 por ciento de los hogares inquilinos pertenecía al 30 por ciento más pobre, mientras que en 2016 sólo alcanzó a un 8,61 por ciento.
El número de familias inquilinas en el Gran Buenos Aires trepó el año pasado a 31.435 hogares, un 9,3 por ciento más que un año antes. A su vez, la cantidad de hogares de los tres deciles más bajos de ingresos que abandonaron la Ciudad en igual período fue 28.949, lo que puede presuponer que el distrito porteño está expulsando a las personas más pobres hacia el conurbano bonaerense.
El precio del alquiler representa un porcentaje muy relevante del ingreso familiar, que no está incluido en la canasta básica de manera completa. Si se clasifica a la población en relación a las líneas de pobreza e indigencia (o sea por ingreso), quedan fuera de esos universos un gran número de hogares que, de manera objetiva, tienen dificultades para hacer frente a los gastos básicos, pero que sin embargo no son registrados como pobres. El informe de CEPA muestra que, si se considera la suma del gasto alimentario de los hogares, el de un alquiler mínimo y el gasto por expensas, el 15,1 por ciento de los hogares inquilinos tienen ingresos que no superan esa suma de gastos. Para el Indec, entre los inquilinos sólo el 6 por ciento es considerado pobre por ingresos. Eso significa que hay un 9,1 por ciento de hogares inquilinos que estadísticamente no sería pobre, pero tiene ingresos insuficientes para afrontar dicho gasto.
Esa situación se explica, según CEPA, porque las estadísticas de precios subestiman el peso del alquiler en los hogares inquilinos. Si se compara el peso del alquiler en el ingreso total familiar, se observan relaciones por encima del 30 por ciento en todo el período 2011-2016, pero los guarismos que se utilizan para el cálculo de canastas de consumo para los hogares inquilinos son mucho menores.
Para la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, una familia tipo en abril de 2016 destinaba 3526,92 pesos al alquiler (lo que denomina un “Hogar 5 bis”). Sin embargo, para ese mismo organismo, en igual período, ese valor apenas alcanzaba para cubrir un monoambiente de 30 metros cuadrados en Mataderos, muy por debajo de un departamento de dos ambientes de 43 metros cuadrados en el barrio más barato de la ciudad.
Si dividimos a los hogares inquilinos por deciles de ingreso, se observa que entre 2015 y 2016 se transformó el perfil del inquilino. Mientras que la cantidad total de familias inquilinas aumentó en 10.340 hogares, la distribución no fue uniforme. En 2015, 14.092 hogares inquilinos correspondían al primer decil de ingresos, esa cantidad se redujo a 9585 en 2016. En el segundo y el tercer decil, la cantidad de hogares inquilinos disminuyeron de 27.821 a 4266 y 15.254 a 14.367 respectivamente. “En definitiva, hay más de un 8 por ciento de inquilinos, todos perteneciente al sector de menores ingresos de la Capital Federal, que dejó de alquilar en la Ciudad. Puede considerarse como razón principal a la situación económica, dado el incremento en el precio del alquiler y el aumento del costo de vida”, de acuerdo con el informe de CEPA.
Desde el punto de vista social, esta situación genera la paradoja de que la Ciudad más rica del país descarga en momentos de recesión económica los problemas habitacionales sobre los municipios del Gran Buenos Aires. Los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, que son aquellos que mayor demanda generan sobre los sistemas de salud, educación, y otros servicios del estado en general son incitados a moverse a un distrito con peores condiciones materiales para dar respuesta a estas demandas, destaca el documento. Este proceso se complementa con un aumento de los precios de los alquileres y una mayor transferencia de renta desde los inquilinos a los dueños de las propiedades.
En el segundo trimestre de 2015, del total de la renta generada por los hogares inquilinos, el 33 por ciento estaba destinado al pago de alquileres. En 2016, ese porcentaje se incrementó a 42 por ciento. Por su parte, mientras que el ingreso per cápita promedio de los hogares inquilinos aumentó solamente 12 por ciento, el costo del alquiler promedio lo hizo en un 33 por ciento. “En los momentos de crecimiento de la actividad la renta inmobiliaria crece por extensión, mientras que en los de caída los rentistas la defienden expulsando inquilinos”, concluye el análisis del CEPA.
