La Policía bonaerense lo hizo otra vez. El jueves pasado se conmovió la zona sur de la Provincia de Buenos Aires a raíz del asesinato de un colectivero, Carlos Sánchez, de la línea 514. El hecho produjo un paro inmediato de sesenta líneas de colectivos y eso paralizó gran parte del transporte. Ante la urgencia de dar una respuesta –la que fuera–, pocas horas más tarde la Bonaerense detuvo a Lucas Romero a raíz del testimonio de una mujer policía que, a su vez, refirió los dichos de una testigo que nunca apareció. Cuatro días más tarde, Romero quedó virtualmente desvinculado de la muerte de Sánchez porque los testigos no pudieron reconocerlo, tampoco pudieron reconocer la moto de Romero como la que fue usada en la muerte del colectivero y el testimonio de la mujer que habló con la agente de policía nunca se pudo judicializar. Hoy por hoy, el crimen del colectivero está impune, aunque Romero quedó preso porque en la indagatoria confesó un robo anterior.

PáginaI12 adelantó el sábado que la historia armada por la Bonaerense, con el visto bueno del gobierno provincial, no cerraba por ningún lado. No era una especulación periodística sino lo que sugerían en la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Lorenzo Latorre y en el juzgado de Garantías de Gabriel Vitale. “No tenemos gran cosa –decían los funcionarios judiciales–, aunque tampoco podemos decir que no tenemos nada, nada.”

La realidad es que a Romero lo mantuvieron preso por una necesidad política: había enorme indignación de los colectiveros, existía la amenaza de que el paro se extendiera y, en ese marco, dejar en libertad al acusado era un papelón para la fuerza policial y para el gobierno de María Eugenia Vidal. Por lo tanto, la rueda de reconocimiento no se hizo el viernes ni tampoco se verificó la explicación que dio Romero sobre lo ocurrido en la madrugada del jueves.

El detenido no se amparó en el derecho a no declarar, sino que contó, asistido por la defensora oficial Paula Rodríguez Herlein, que ese jueves no estuvo en Claypole –donde se produjo el homicidio–, sino en Florencio Varela, en casa de una hermana y con sus sobrinos. Nada se hizo el viernes, dejaron enfriar un poco el caso, y el lunes la acusación contra Romero hizo agua. 

El origen de la detención fue el testimonio de una mujer policía, quien dijo que otra mujer, no identificada, le contó que Romero participó en lo ocurrido en Claypole. La testigo invisible no apareció en escena, pero tomaron como base que Romero tenía un antecedente: había participado del robo a un colectivo. En verdad, el asesinato de Sánchez no se produjo cuando intentaron robarle, sino que fue producto de que dos ladrones en moto intentaron robarle la moto a una pareja. Esa pareja huyó y los ladrones dispararon para amedrentarlos, con la consecuencia de que el disparo atravesó el vidrio del colectivo de Sánchez y lo mató. Pero el antecedente y la testigo invisible –o la declaración falsa de la mujer-policía– bastaron para librar la orden de detención. Fueron a la vivienda de Claypole de Romero, no lo encontraron allí, y su padre, personalmente, acompañó a los uniformados hasta Florencio Varela, a casa de una hija (hermana del luego detenido), donde estaba Romero. 

La defensora oficial Rodríguez Herlein advirtió el lunes que el gobierno bonaerense difundió la foto de Romero y de su moto, por lo cual se convertía en nulo cualquier reconocimiento. Aún así, hubo testigos que admitieron haber visto la foto en los medios, pero otros dijeron que no las vieron, pero tampoco pudieron reconocer al detenido. De la misma manera, resultó negativo el reconocimiento de la moto Motomel de Romero, diferente a la Honda Tornado supuestamente usada en el hecho que derivó en la muerte de Sánchez. 

Con ese cuadro de situación, el lunes al anochecer estaba todo listo para desvincular a Romero del homicidio: “Era lo previsible. No teníamos nada”, acotaron en los tribunales de Lomas de Zamora. Romero seguirá preso porque confesó un robo anterior, aunque es probable que recupere la libertad a corto plazo. 

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