Alberto Fernández firmó un nuevo DNU que deroga el salvataje a la empresa Vicentin. "El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", sostuvo el presidente desde su cuenta de Twitter.
"Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo", aseguró Fernández y agregó: "pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído.
A partir de ahora, será el juez Fabián Lorenzini quien deba resolver qué ocurrirá con la empresa cerealera, que podría caer en la quiebra si no surgen aportes de nuevos capitales.
"El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", señaló Alberto Fernández.
Además, sostuvo que Lorenzini impidió "el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".
Los acreedores, entre ellos el Banco Nación y bancos extranjeros así como acopiadores y cooperativas, reclaman más de 800 millones de dólares.
