La "causa cuadernos" es un conjunto de procesos judiciales cuya causa madre es la N° 9608/2018. Acusa de corrupción a funcionarios del período kirchnerista, entre ellos a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero también a representantes de holdings locales vinculados a la obra pública.
Diego Cabot, periodista del diario La Nación, dio a conocer la existencia de los cuadernos, en realidad fotocopias, en agosto de 2018, Algunos originales que habrían sido quemados resurgieron de sus cenizas, como el Ave Fénix, con alteraciones y letras de, al menos, dos personas, aunque supuestamente fueron escritos sólo por el ex chofer Oscar Centeno.
El gobierno de Mauricio Macri se propuso aplicar un cambio de rumbo respecto al del período 2003-2315. Luego de salir airoso en las elecciones de medio término de 2017, el Ejecutivo comenzó a intensificar una serie de iniciativas que dejaban atrás "el gradualismo" y apuntaban contra dos sectores sociales específicos: la clase trabajadora y el "círculo rojo".
En 2018, la deuda contraída con el FMI generó una correlación de fuerzas más favorable para el capital financiero transnacional, en particular de origen estadounidense. El "círculo rojo" y el capital financiero transnacional ya se enfrentaron en 1989-1991 y en 1998-2001, como explica Eduardo Basualdo. También tuvieron otras disputas en el período macrista, aunque la causa cuadernos es la más emblemática.
Encuadernados
De acuerdo a datos oficiales, en el período 2003-2015, el 56,3 por ciento de la obra pública fue inversión centralizada en Organismos Nacionales, mientras que el 43,7 por ciento, en Provincias y Municipios. Con algún sesgo por zona, la obra pública subnacional suele tener los mismos actores que la nacional.
El 33,71 por ciento de la obra pública nacional fue ejecutado por las 10 empresas de mayor facturación en este rubro. Los 80 grupos que más facturaron a nivel nacional, encabezados por Techint, representan al menos el 61,3 por ciento de la obra pública.
En la causa cuadernos están involucrados 52 de los 80 grupos que más facturan, representando al menos el 43,5 por ciento de la obra pública nacional. De los 15 primeros que más facturan en este rubro, 11 están involucrados en la causa y representan al menos el 30,3 por ciento de los contratos. Dentro de los 80 que más facturan, sólo 12 son de origen extranjero.
Los grupos que más facturan son diversificados y también tienen participación en actividades vinculadas a la energía. Algunas de las firmas son emblemas de la "patria contratista", como Techint, "la conducción política del poder económico", y el propio Grupo Macri.
Aunque no existan sentencias firmes, la inclusión en la causa impactó negativamente en los grupos porque en algunos casos se ven limitados para obtener crédito internacional y presentarse en licitaciones de algunas naciones. También han reducido la cotización de sus acciones y acarrean litigios con accionistas, en particular en Estados Unidos. Aun en el caso de que no se concretaran los juicios, la causa ya ha ocasionado un efecto económico. Y la debacle de Odebrecht puede ser un espejo del futuro.
Poder judicial
De manera simplificada, las relaciones económicas factuales estables y relevantes son la base de las normas del derecho. La superestructura jurídica y la estructura económica se presuponen. La primera no se determina de manera mecánica de la segunda, aunque sí se deduce analíticamente de ésta: determinadas relaciones de producción se vinculan a ciertas relaciones de propiedad, que se expresan jurídicamente.
El accionar del Poder Judicial no se manifiesta en leyes sino en sentencias, es decir, mediante la aplicación de una ley general al caso particular. La administración de justicia determina la aplicación de la ley mediante su interpretación. En la medida en que la superestructura jurídica es un momento de la manifestación del Estado que condensa la resultante de las relaciones de fuerzas sociales en todos los planos, la fracción del capital que hegemoniza o que al menos predomina en el bloque de poder también comanda la superestructura jurídica.
Por otro lado, la penetración estadounidense en el sistema judicial argentino mediante diversos mecanismos puede constatarse en ArgenLeaks y PolitiLeaks, de Santiago O'Donnell, entre otras fuentes. Las formas para lograr la vinculación con miembros de la Corte Suprema y otras instancias del Poder Judicial son variadas. El financiamiento de actividades, congresos, conferencias y capacitaciones, son algunos de los modos más utilizados para la cooptación o para reclamar devolución de favores.
Nuevas circunstancias
Uno de los objetivos de la OMC, hegemonizada por Estados Unidos, reside en la liberalización de las compras y contrataciones públicas, es decir, la apertura al capital extranjero por parte de los Estados nacionales y subnacionales en lo que hace a sus gastos.
El organismo multilateral fundamenta de este modo la importancia de la apertura comercial: "la contratación pública representa normalmente entre el 10 y el 15 por ciento del PIB, se trata de una laguna considerable del sistema de comercio multilateral […] las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativos a la contratación pública no deben ser elaborados, adoptados ni aplicados a los productos, los servicios o los proveedores extranjeros o nacionales de forma que se proteja a los nacionales, ni deben discriminar entre los productos, los servicios o los proveedores extranjeros”.
En el mismo sentido, se dirigen los pedidos contra la "corrupción" de parte de expertos jurídicos estadounidenses en derecho transnacional de la Securities and Exchange Commission, el American Law Institute y el estudio The Rosen Law Firm, entre otros entes estatales y privados.
En circunstancias de crisis mundial, guerra y deterioro del poder estadounidense en el plano económico, político y militar, los grandes capitales que gravitan en torno a la potencia del norte están cada vez más urgidos de controlar espacios nacionales y reforzar las Cadenas Regionales de Valor, ante la ruptura con Rusia y, tendencialmente, con China.
Sin ir más lejos, en la última Cumbre de las Américas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, propuso la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEA). Tiene similitudes con la Alianza para el Progreso (ALPRO) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Lo principal siempre reside en condicionar a los países latinoamericanos y tenerlos bajo el mismo espacio geoeconómico y político. "Vamos a fortalecer nuestras cadenas de suministros para que sean más resilientes ante shocks inesperados y promover la innovación tanto en el sector público como en el privado", indicó Biden en esa ocasión.
El 3 de junio, el editor del Financial Times, Michael Stott, dio por sentado que Argentina no tiene que vincularse a China y Rusia y que, en estas circunstancias, la energía proveniente de Vaca Muerta puede reemplazar a la de Rusia para servir a los intereses de la Europa alineada con Estados Unidos. También aseguró que Vaca Muerta necesita ser más atractiva para conseguir inversiones, con nuevas reglas, acceso irrestricto al mercado cambiario, entre otros aspectos, para remitir utilidades a sus casas matrices. Además, sugirió que deben eliminarse los subsidios a los combustibles en Argentina porque el petróleo se vende en el mercado interno a un precio alrededor del 50 por ciento del nivel mundial.
¿Segundo tiempo?
Todo indica que existen sectores que a partir de fallos judiciales intentan proscribir a Cristina Fernández en 2023, como se hizo con Lula por el Lava Jato. Desde 2016 y hasta ahora, la movilización popular lo impidió.
El "círculo rojo" jugó para que terminara el ciclo 2003-2015, apoyó a Macri a pesar de sus contradicciones y disputas en 2019 y aceptó a regañadientes al Frente de Todos, al que presiona e intenta condicionar. Un gobierno que estableciera el dólar como dinero de curso legal sería un duro golpe para una parte de este sector, entre otros, claro está.
De acuerdo a diversas opiniones calificadas, las consecuencias de los juicios se materializarían luego de 2023. La economía política en la causa cuadernos indica que un segundo tiempo de Cambiemos no sería una simple fotocopia del primero.
* Economista UBA-UNDAV e integrante de Economía Política para la Argentina (EPPA). @Pablo_Ferrari77