Alejandro Pérez Hazaña, abogado y presidente de la Asociación Civil “Justicia Colectiva”, conversó con Federica Pais y Luis Bremer y explicó los motivos del rechazo por parte de asociaciones de consumidores al proyecto de emergencia turística.
Perez Hazaña contó que si bien el proyecto regula las cancelaciones en vuelos y paquetes turísticos que se hayan producido a causa de la pandemia, el mismo desplaza la responsabilidad de las empresas turísticas desde la Ley de defensa al consumidor hacia la órbita de la autoridad de aplicación que regula el turismo. “Lo saca bajándole muchísimo los derechos a los consumidores”, afirmó.
“Las empresas de turismo tienen muy claro que cuando la denuncia se hace ante la oficina de Defensa del consumidor, tienen que cumplir, pero cuando se hace ante la autoridad de aplicación que esta en Capital nada más, no se cumple nunca y no hay sanciones”, aseveró.
Además, denunció que en el tratamiento del proyecto de ley, “en ningún momento se convocó a las asociaciones de defensa del consumidor, sí a todas las cámaras empresariales de turismo. No pueden ser la única voz en este tema”, sostuvo.
“Nosotros no vemos que haya una mala predisposición por parte del gobierno- aclaró- lo que sí pasa es que el lobby empresario es muchísimo más efectivo, es más constante y más fuerte que el que podemos hacer los consumidores en las asociaciones”, señaló Perez Hazaña.