Tras un operativo en el que policías bonaerenses y gendarmes realizaron 55 allanamientos simultáneos, en la madrugada de ayer fueron detenidos Jorge Castillo, administrador de una de las tres ferias del predio de La Salada, en Ingeniero Budge, y otras treinta personas -entre ellos, un integrante de la Policía Federal y dos de la Bonaerense–. Castillo fue detenido en el barrio cerrado Haras Argentino Farm Club, luego de haber disparado con escopeta contra algunos de los policías que ingresaron en su casa; “lo único que hizo fue defender a su familia porque creía que eran ladrones”, dijo la esposa de Castillo, Natalia Luengo, quien calificó el operativo como “indignante”. El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, explicó que las medidas fueron tomadas como consecuencia de una investigación –iniciada en abril de 2015– por asociación ilícita contra tres bandas que obstaculizaban “el tránsito y la circulación en los alrededores de la feria”, y “explotaban de manera ilegal los puestos” del predio, donde “cobraban un canon por seguridad”. Las detenciones fueron celebradas por la Cámara Argentina de la Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), que las interpretaron como “un paso positivo” y un gesto de “valentía”, mientras que la Asociación Vendedores Libres señaló que “el gobierno dejó sin trabajo y secuestró la mercadería (su único medio de subsistencia) a miles de trabajadores” de La Salada como parte del operativo. Ayer por la noche, luego de protestas de feriantes del predio, la Justicia autorizó que recomenzara el funcionamiento de la feria. Antes, por orden del juez de Garantías 5 de Lomas de Zamora, José Luis Arabito, se había habilitado el desmantelamiento de las estructuras  metálicas levantadas alrededor de los galpones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que había sido desarticulada “una mafia”. “Es un mensaje para todos aquellos que trabajan en la ilegalidad, los que quieren apretar a la gente, los que quieren cobrar, extorsionar, hacerse dueños de la calle, no tienen cabida en esta Argentina”. En la misma línea, su par bonaerense, Cristian Ritondo, advirtió que “no hay mafias que no funcionen en la Argentina sin complicidades policiales, judiciales y políticas”. Por su parte, la diputada Elisa Carrió, quien en mayo de este año había presentado una denuncia sobre supuestas complicidades “política, policial y judicial” en La Salada, adelantó que ratificará ante la Suprema Corte provincial lo ya presentado. En la presentación original, Carrió había enviado la denuncia con copia al vicegobernador, Daniel Salvador, el Procurador provincial, Julio Conte Grand, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senador bonaerense, Nidia Moirano.

La detención de Castillo ocurrió alrededor de la medianoche en el exclusivo barrio cerrado de Open Door, en el marco de operativos por una causa que investiga el funcionamiento de bandas en La Salada. Los investigadores informaron que, además de Castillo, quedaron detenidos su hermano, su cuñado y dos de sus sobrinos. El fiscal Scalera detalló que la investigación comenzó en abril de 2015, luego de un desalojo, cuando algunas personas “quisieron recuperar la zona y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos”. Ese grupo “tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados” para la feria y “se pudo establecer la existencia de tres bandas, que califiqué como asociación ilícita”, dijo el fiscal.

De acuerdo con el expediente, esas bandas se repartían el control de las calles que rodean el predio. “Lo que hacían era obstaculizar permanentemente el tránsito y la circulación en los alrededores de la feria, con lo que impedían que los vecinos pudieran salir de su casa o volver a sus domicilios”, amplió el fiscal, quien también añadió que, a la vez, “explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon por seguridad, una seguridad privada paralela a la policía de Buenos Aires, el pago de limpieza, el pago de un bono contribución, el pago de la ocupación del espacio para estacionamiento y el pago del estacionamiento”.

Los investigadores también dieron a conocer un video en el que varias mujeres, todas en ropa interior, eran brutalmente golpeadas con cinturones. De acuerdo con el expediente, se trataba de una práctica común: quienes se desempeñaban como empleados de seguridad del predio castigaban a quienes consideraban “mecheras”. Si creían que habían robado en los puestos, las llevaban hasta unos galpones cercanos, las hacían desnudar y las golpeaban. Fuentes de la investigación indicaron que, en realidad, los castigos no eran por haber robado sino por haberlo hecho sin autorización de alguna de las bandas, porque “querían tener el control total del accionar de las mujeres que se dedican a robar a los eventuales clientes y a los puesteros”.

Muchos feriantes protestaron tras los operativos de la madrugada y la mañana de ayer. “Estamos en la ruina con lo que pasó, ahora nos quedamos sin nada. Yo vendo afuera, sobre la calle, hace diez años, y siempre pasa lo mismo: vienen, nos desmantelan todo, nos rompen todos los puestos y a la semana volvemos a armar”, dijo una de las vendedoras, de nombre Virginia. Al caer la tarde, la Justicia anunció que la feria podría volver a abrir a las 21, como suele suceder los miércoles.

En un comunicado, la Asociación Vendedores Libres manifestó “solidaridad con nuestros compañeros trabajadores violentados” en La Salada y advirtió que los trabajadores del lugar son “las únicas víctimas y el principal  objetivo del mega operativo” realizado.