El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a 29 ex funcionarios y altos empresarios de la construcción en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas de la empresa Odebrecht. Se los vincula en presuntas irregularidades en la conformación de Unidades Transitorias de Empresas (UTE) para obras en la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, ubicada en la localidad de Tigre, y la planta depuradora Bicentenario, ubicada en Berazategui. Roberto Feletti, ex titular de Nación Fideicomisos, es uno de los involucrados. “Bajo mi presidencia, Nación Fideicomisos nunca licitó, adjudicó ni contrató a Odebrecht ni a ninguna otra empresa constructora. Todos los actos administrativos se realizaron en el marco de las correspondientes reuniones de Directorio, con presencia de la Sindicatura General de la Nación, que jamás objetó ninguna de las disposiciones adoptadas”, aseguró Feletti luego de que se conociera el pedido del fiscal, al que le atribuyó motivaciones políticas. 

Delgado aseguró que “en ambas obras (la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora Bicentenario) se detectaron sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las obras”. 

El fiscal también solicitó las indagatorias del ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el ex titular de Agua y Saneamiento Argentino (AySA) Carlos Ben. Esuco, vinculada a Wagner, y la brasileña Camargo Correa tuvieron a su cargo las obras de la planta de Berazategui, mientras que a Odebrecht, Roggio, Supercementos y Cartellone les fue otorgada la de Tigre. Los gerentes y representantes de esas compañías, al igual que ex funcionarios, serán citados a declarar si es que Casanello le da luz verde al pedido del fiscal. La principal sospecha se centra en la transparencia de las UTE conformadas para participar de las obras y cuya cabeza de concesión fue la empresa brasilera sacudida por escándalos de corrupción. Según el dictamen de Delgado, “los directivos de AySA se contactaban con los representantes de Odebrecht por la adjudicación de la construcción de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas” y “entre los correos electrónicos obtenidos por la justicia brasileña surgía el nombre de Raúl Biancuzzo, director de Operaciones de AySA”.

 La causa se inició el año pasado mediante una denuncia que indicó que existían irregularidades en la concesión de las obras de AySA por un presupuesto de unos 70 millones de dólares.

“¿Por qué lo que iba a salir 2.293.323.243,33 de pesos originalmente previstos para la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, nos costó finalmente 5.150.390.531,94? ¿Por qué lo que nos iba a salir 398.152.391,91 de pesos originalmente previstos para la Planta Depuradora de Berazategui, costó 658.407.693,42?”, se preguntó el fiscal.

En la lista de Delgado figuran también Diego Luis Pugliesso, Aluizio Bomfim Margarido, Diego Luis Pugliesso, Allan Nogueira de Abrantes, Aurelio Gómez Leo, Lucas Patricio Cesa, Conrado Alejandro Martín, Rodney Rodrigues de Carvalho, Luis Bartolomeu, Alberto Darío Ayosa, Luis José Bartolomeu, Petronio Peres Cordeiro, Raúl Batallan y Eduardo Miguel Blomberg, todos representantes de Odebrecht.

Feletti afirmó que el rol de Nación Fideicomisos “estuvo acotado a obrar como un agente estructurador de fuentes de financiamiento”, que se obtuvieron con la emisión de bonos. Y que los fondos eran entregados a AySA, que disponía de ellos en el marco de sus funciones específicas. “Entre mis  a mis responsabilidades como presidente de la empresa no se contaban licitar, contratar ni adjudicar ninguna obra. Menos aún controlar su posterior ejecución, pues carecíamos de facultades legales y de estructura técnica para hacerlo. Bajo mi presidencia, Nación Fideicomisos  nunca licitó, adjudicó ni contrató a Odebrecht ni a ninguna otra empresa constructora. Además todos los actos administrativos se realizaron en el marco de las correspondientes reuniones de Directorio, con presencia de la Sindicatura General de la Nación, que jamás objetó ninguna de las disposiciones adoptadas”, aseguró. El ex viceministro de Economía agregó que la acusación en su contra “no puede tener otro objetivo que dañar” su nombre “con oscuros fines electorales”.