La tasa de desocupación entre los jóvenes duplica los niveles observados en toda la economía. En el primer trimestre del año, el 20,1 por ciento de las mujeres y el 17,2 por ciento de los varones hasta 29 años estaban desocupados mientras que el desempleo general marcó 9,2 por ciento. Aun así, la medición del Indec subestima la problemática, dado que considera desempleo juvenil aquel que se produce hasta los 29 años, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo sitúa entre los 15 y 24 años. Al incluir a los adultos jóvenes (25-29 años), el recorte utilizado por el organismo oficial incorpora personas con menos problemas de trabajo y, por lo tanto, minimiza el porcentaje de desocupación juvenil. Una estimación realizada el año pasado por el Centro de Investigación para los Trabajadores (CITRA)-Conicet que funciona en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) estimó que en el segundo trimestre del año pasado el desempleo juvenil fue 2,6 veces superior al promedio en el país.

El informe publicado ayer muestra que un tercio de los asalariados están ocupados en condiciones informales. La cifra publicada para el primer trimestres es 33,3 por ciento de asalariados sin descuento jubilatorio. Como el Indec había suspendido la publicación de sus datos no hay posibilidad de comparar con el mismo período del año pasado. Durante 2016, las cifras difundidas estuvieron siempre en el orden del 33-34 por ciento. Esas cifras no muestran una variación significativa frente a las publicadas por el gobierno anterior. Entre 2003 y 2015 la informalidad se redujo de 49,1 a 33 por ciento. La caída de 17 puntos porcentuales representa un quiebre en la trayectoria ascendente inaugurada con la instalación del modelo de acumulación neoliberal a mediados de los ‘70. Pero, si bien los niveles actuales son más bajos que los exhibidos por el resto de las economías de la región, todavía se ubican por encima de los registros observados en Argentina entre 1977 y 1994. 

Entre las principales propuestas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para minimizar los niveles de informalidad laboral figura la reducción de los aportes personales y las contribuciones patronales. La semana pasada, cuando se conocieron las cifras de desempleo, el funcionario desestimó el impacto de la recesión sobre la ocupación, aunque el 9,2 por ciento marcó el nivel más alto para un primer trimestre en una década. El ministro consideró que “los costos laborales no salariales”, como las contribuciones patronales y aportes personales, y la “industria del juicio” son los principales impedimentos para que “muchos trabajadores accedan a un puesto de trabajo”. Esas políticas no fueron efectivas a lo largo de la historia para la creación de empleo de calidad sino que desfinanciaron los sistemas de la seguridad social en un contexto de crecimiento de la informalidad. Los beneficios fiscales no son una herramienta inválida en una política integral de combate al trabajo no registrado. Pero su alcance es limitado e insuficiente para estimular la demanda de empleo formal. La experiencia internacional evidencia que esas políticas deben ser acompañadas por acciones de control que desincentiven la contratación de trabajo no registrado. Las mejoras se observan en cambio mediante políticas específicas sobre el mercado laboral y con el fortalecimiento del mercado interno, mejorando el ingreso de los trabajadores.