Un total de 11 millones de pesos, más de seis mil dólares, armas y vehículos fueron secuestrados dentro de la feria Punta Mogotes, en Ingeniero Budge, durante el allanamiento ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de la causa por “evasión impositiva”, que tiene como imputado al dueño del complejo, Jorge Castillo, detenido el miércoles en su casa de Luján por una causa paralela. La que lleva el fiscal Sebastián Scalera por asociación ilícita y extorsión a feriantes en la que fueron detenidas otras 22 personas, entre ellas, tres policías y varios familiares de Castillo.

Scalera, además, ordenó arrasar con topadoras los puestos de los feriantes instalados en las afueras del predio. En este sentido, el titular de la Asociación de Vendedores Libres (AVL), Omar Guaraz señaló que el megaoperativo sirvió “para desalojar a los manteros, a los que les secuestraron sus mercaderías y los dejaron sin trabajo; adentro del predio siguen trabajando, no pasó nada”. Ayer, los detenidos comenzaron a ser indagados por el fiscal.

El allanamiento al complejo Punta Mogotes, una de las tres ferias que funcionan en el lugar, comenzó el miércoles cerca de las 20 horas mientras los feriantes, cuyos puestos fueron arrasados, protestaban en el lugar. 

Los policías de la Federal tuvieron que romper una de las persianas metálicas para ingresar al lugar, tras lo cual se dirigieron al sector donde funcionan las oficinas administrativas del comercio.

“Era un búnker blindado, tres pisos de oficinas administrativas que se conectaban mediante puertas blindadas”, aseguró una fuente de la investigación.

Tras derribar ocho de esas puertas blindadas, los policías fueron hallando cajas de seguridad, diez en total, distribuidas en las distintas habitaciones, algunas de las cuales funcionaban como oficinas.

“En una de las oficinas tuvieron que correr un placar que, atrás, tenía una puerta oculta que llevaba a otra habitación de un metro cuadrado en la que había una caja fuerte”, contó un investigador.

En el operativo que se extendió hasta las 5 de la madrugada, los federales y personal de Bomberos debieron utilizar sopletes y diferentes herramientas para acceder a las cajas fuertes y las oficinas ubicadas en diferentes pisos.

Además del dinero, los investigadores secuestraron dos armas de fuego, documentación para ser analizada y varios vehículos: dos camionetas blindadas una Dodge Ram y una Mercedes Benz; un Ford Fiesta, un Hyundai modelo H1, un Audi Q7, una Fiat Ducato y un Ford K.

El juez, que aún no puso fecha a la indagatoria de Castillo, prevé sumar a la acusación de “evasión impositiva”, la de “lavado de dinero” para determinar el origen de la riqueza del empresario multirrubro, según informaron fuentes del caso.

La hipótesis que manejan los investigadores es que el dinero secuestrado corresponde al alquiler y canon por los puestos que Castillo le cobraba a los feriantes y puesteros asentados en los extramuros del complejo.

En este punto, la causa se toca con la investigación paralela que lleva el fiscal Scalera, desde 2015, en la que imputa a Castillo y los otros detenidos por asociación ilícita y extorsión a los vendedores callejeros.

La presunción es que Castillo lideraba la llamada “Banda de los Chaqueños”; su sobrino Adrián Capazo Castillo –propietario de la feria “Coty 4”– la conocida como “Banda de Adrián” o “Banda de River”; y otro sospechoso llamado Leonardo Gaitán, la denominada “Banda de los Cucos”.

Todos detenidos al igual que el hermano de Jorge, Hugo Castillo, y su esposa, Gladys Arrieta, propietarios del paseo “Coty 3”, entre otros familiares, y a los que se suman Orlando Fassone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora y Pablo Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de Funcionarios.

Scalera los acusa de cobrar bajo amenaza un canon a los vendedores para poder permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento y, además, el pago de un bono contribución.

Estas organizaciones, según el fiscal, se dividían los sectores callejeros alrededor de los tres complejos habilitados que funcionan en La Salada que siguen trabajando normalmente porque no fueron clausurados.

En este sentido, Guaraz sostuvo que el operativo “fue para desalojar a los vendedores callejeros, muchos de ellos ex manteros de Once, de Avellaneda, de Constitución, de los distintos puntos de los que lograron desplazarlos. Adentro del complejo no pasó nada. Los perjudicados directos fueron los vendedores a los que, además, les secuestraron la mercadería”.

Si bien la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó en una entrevista radial que exista un plan para cerrar la feria de La Salada, y aseguró que la idea es “formalizar” el trabajo de los puesteros, Guaraz explicó que “a la gente se la dejó sin trabajo y sin su único medio de subsistencia. Y no hubo ninguna respuesta por parte de los funcionarios, que en los medios salen a hacer promesas de que los van a dejar laburar más adelante, que los van a formalizar, que les van a restituir la mercadería. Pero en concreto nada”, sostuvo.