A lo largo del año, el Ministerio de Desarrollo Social invirtió más de 121 millones de pesos en asistencia alimentaria a comedores y merenderos. Cómo se distribuyó la inversión en pandemia. Si se toman en cuenta otras áreas del Estado, el gasto supera los 131 mil millones. La millonaria inversión fue confirmada días atrás por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que precisó que el dinero se utilizó para financiar la Tarjeta Alimentar y la asistencia a comedores y merenderos escolares.  En un balance de gestión, Arroyo explicó que se logró ampliar la asistencia alimentaria de ocho a 11 millones de personas, desde el inicio de la pandemia de coronavirus, en marzo pasado, que desató una profunda crisis económica y generó una gran alerta respecto al impacto que podría provocar en términos sociales. Según Arroyo, se trató de un “trabajo conjunto del Estado más la red social de la Argentina que conforman las iglesias, las organizaciones sociales y las escuelas, así como también el sector privado”. El ministro precisó que durante 2020 el gobierno destinó a través de Desarrollo Social 121.602 millones de pesos, que se destinaron a la Tarjeta Alimentar y los programas de compra de alimentos, asistencia a comedores sociales, escolares y merenderos, así como también el programa Pro Huerta.  La Tarjeta Alimentar, el subsidio que se paga a madres o padres con hijos menores de seis años y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o Embarazo, a partir de los tres meses de gestación y personas con discapacidad que son beneficiarias de la Asignación Universal, fue lanzada en enero y tiene montos de entre 4.000 y 8.000 pesos, que en diciembre se duplicó hasta los 12 mil pesos para quienes tienen dos o más hijos.  “Aumentó la entrega de alimentos de manera directa, las transferencias a municipios y la descentralización de fondos”, explicó Arroyo. El ministro cree que las transferencias directas son la mejor alternativa porque además permiten motorizar el consumo con una mirada federal.  De este modo, el gobierno inyectó cinco para políticas alimentarias veces más de lo previsto para 2020. La previsión inicial era de 25.472 millones, aunque sólo en compra de comida se invirtieron 131 millones entre todas las áreas del Estado, de las cuales casi el 60 por ciento corresponden a Desarrollo Social.