La Justicia Federal de Viedma hizo lugar al amparo colectivo presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y dos ONG para que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez a las personas que el gobierno de Mauricio Macri se las había quitado compulsivamente. La medida favorecerá a unos 400 ciudadanos de la provincia de Río Negro y se estima que el fallo tendrá réplica, al menos, en las otras cinco provincias en que se hicieron presentaciones similares.

La decisión de la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, destacó la “trascendencia social de los derechos afectados” y sostuvo que la medida aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Carolina Stanley lesionó el derecho colectivo. Además, destaca la necesidad de defender las garantías constitucionales y sostiene que “la afectación de los beneficios de pensión no contributiva (…) no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”.

“La Justicia nos dio la razón desde lo social, por lo descarnado de la medida de Macri, y desde lo técnico, porque el fallo demostró que (el recorte de pensiones) fue una decisión arbitraria e irracional que no contó con el mínimo procedimiento administrativo que requiere la ley”, destacó a Página/12 el diputado nacional por Río Negro Martín Doñate, impulsor de la medida cautelar solicitada mediante amparo.

La presentación para frenar la anulación de las 170 mil pensiones no contributivas que la administración nacional de Cambiemos justificó como “una depuración del padrón” fue hecha el 13 de este mes, con la firma de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales de distintas localidades. Tuvo como antecedente una medida cautelar presentada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo, un vecino de Río Negro de 62 años que perdió un brazo hace 40 años. El gobierno de Macri le había anulado la pensión de 6 mil pesos que recibía desde 2010, pero tras el fallo que lo favoreció volvió a cobrarla ayer y con retroactivo.

Tanto esa cautelar como el amparo colectivo fueron presentados por Doñate, quien de acuerdo a los últimos registros oficiales estimó que son más de 600 las personas afectadas por el recorte de pensiones en toda la provincia. “Lo hicieron de manera descarnada y desprolija”, insistió.

El planteo judicial había sido presentado sobre base de tres casos particulares que reclamaron la restitución inmediata del beneficio recortado por el gobierno nacional y la jueza falló a favor de esa demanda. Su decisión tiene impacto en los 400 pensionados del departamento judicial de Viedma (no de todo Río Negro) porque también aceptó la representación de la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN Salud, que hicieron el planteo colectivo.

El fallo de Filipuzzi consideró que esas ONG están facultadas de manera “incuestionable” para ejercer una representación colectiva y, de esta manera, sentó un precedente judicial que convirtió a Río Negro en la primera provincia que intimó al Gobierno dar marcha atrás y restituir el beneficio. Lo que ahora se espera es que, hasta tanto no surja una medida en sentido contrario, “haya una catarata” de fallos similares en Buenos Aires, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Neuquén, donde se presentaron amparos similares.

El decisión se dio a conocer horas después de que se revelara que el gobierno de Cambiemos no restituyó las pensiones para discapacitados, tal como lo había prometido luego de que estallara el escándalo y se concretara en el Obelisco una masiva movilización de personas con discapacidad y organizaciones sociales y educativas que las contienen.

De hecho, los tres particulares damnificados que presentaron el amparo en el juzgado de Viedma tampoco habían recibido hasta hoy la restitución de ese beneficio.

Doñate destacó que “mientras Macri y su gobierno para ricos se dedican a pisotear derechos”, los legisladores que respaldaron la presentación colectiva siguen “dando lucha” para “frenar esta inhumana decisión que pretende tirar a los discapacitados rionegrinos a la indigencia”.