A pesar de que Leonardo Meirelles, el operador financiero de Odebrecht, condenado por la justicia brasileña en la megacausa conocida como Lava Jato, declaró por videoconferencia ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez “estar seguro de que  Arribas recibió el dinero" y de haberle hecho "unas diez transferencias por 850 mil dólares a Suiza”, la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tomó la resolución sin esperar la declaración del “cuevero” ni avanzar en la obtención de documentación sobre las transferencias a un banco de Zurich. Según pudo saber PáginaI12 la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) está analizando presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. 

La decisión de la Cámara de Casación se limitó a la formalidad para rechazar por "inadmisible" el recurso presentado por la PIA, que encabeza Rodríguez. Casación sostuvo que Arribas no era funcionario público al momento de recibir las transferencias y la PIA  "ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos". En su presentación, dos días antes de la declaración de Meirelles ante los fiscales, la PIA había advertido que el de Arribas es parte de "un caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos nacionales en la adjudicación de una obra pública".

Canicoba Corral fue quien habilitó en primera instancia el sobreseimiento express para Arribas. En su dictamen de marzo, el juez federal se había aferrado a dos informes presentados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central. El análisis de la UIF resaltaba la inocencia de Arribas, negaba operaciones sospechosas y lavado de dinero y reconocía sólo una transferencia de 70 mil dólares, la única que admitió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia públicamente.

En tanto, el informe del Banco Central fue duramente cuestionado por el senador Fernando "Pino" Solanas y su asesor legislativo Alejandro Olmos Gaona, quienes advirtieron ante el fiscal Delgado sobre la maniobra de la entidad monetaria conducida por Federico Sturzenegger para encubrir las transferencias. Solanas denunció que Sturzenegger no respetó las normativas del BCRA y desvió los oficios del juez federal para que no llegaran a las dos oficinas que se encargan de responder en causas por lavado de dinero y transferencias sospechosas. Tras esa maniobra, en 5 días, se entregó una respuesta que avalaba la versión de Arribas.

A su turno, Delgado ratificó el rechazo al cierre de la causa por "falta de acción", algo que ya había hecho ante la presentación de la defensa de Arribas —liderada por el estudio Alejandro Pérez Chada, quien defendió a Macri en la causa por escuchas ilegales—, al sostener que Canicoba Corral agraviaba el rol de la fiscalía por dictar el sobreseimiento "sin una investigación seria que respalde esa decisión".

El fiscal sostuvo en su dictamen que el juez "edificó la resolución en base de premisas falsas" y que de ellas surgió "una decisión nula porque no tiene relación con la realidad, con la pobre base material del expediente". Entre algunos puntos de aquella apelación, Delgado resaltó:

  • Que no se habían reunido pruebas para probar las transferencias denunciadas en la nota publicada por La Nación, que llevó a la diputada Elisa Carrió a promover la causa. 
  •  Que el juez, que conservó la dirección de la investigación, ante la falta de respuesta a los exhortos enviados a Suiza y Brasil no pidió más precisiones y preguntó: "¿Se preocupó para que Cancillería aplique el modelo que tan buen resultado le dio en el caso "Baez"? Además, Delgado indicó que Canicoba tampoco libró exhortos a Estados Unidos y Hong Kong para obtener información sobre las transferencias.  
  •  "Tampoco quiso escuchar a los arrepentidos brasileños", subraya el fiscal en su apelación. Y agrega que la  "la prueba más fuerte que utilizó el Señor juez para sobreseer" fue el informe del Banco Central, que "quedó resentido tras la presentación de Fernando 'Pino' Solanas".

Ese dictamen de Delgado fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña. En esa instancia, el fiscal ante la cámara, Germán Moldes, dejó vencer el plazo para impulsar la presentación y dejó caer la causa, sin dar aviso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Moldes desistió una semana antes de que se llevara adelante la declaración de Meirelles y Alberto Youssef —el financista jefe de Meirelles— ante Delgado y Rodríguez, en el marco de las causas abiertas en la Justicia argentina por los coimas de Odebrecht. 

"¿Está seguro de que él (por Arribas) recibía el dinero?", fue la pregunta del fiscal Delgado a Meirelles. "Sí, estoy seguro. No hay forma de que no haya recibido la plata", fue la respuesta del cuevero. Dos días antes de esta declaración, el titular de la PIA había presentado el recurso ante la Cámara de Casación para evitar el cierre de la causa contra Arribas. 

Con la declaración de Meirelles, sumado a la información que puede aportar el fin del secreto de las declaraciones de los 77 ejecutivos que se sometieron a la "delación premiada" en Brasil, el clima parecía de reapertura de la causa. El acceso a esa información fue el eje de los convenios firmados la semana pasada entre la Procuración General de la Argentina y Brasil para sortear las limitaciones que surgen de los marcos jurídicos de ambos países e impiden a los fiscales brasileños entregar información que resulte en la apertura de causas judiciales contra los ejecutivos en los tribunales argentinos. 

Sin embargo, la decisión de la sala III de la Cámara de Casación —redactada por Juan Carlos Gemignani y acompañada por Eduardo Riggi y Angela Ledesma— se limitó a la formalidad para dejar cerrada la causa contra el Señor 5: "Conforme las constancias obrantes en autos, el encausado a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública", indica el fallo. 

Y advierte que "más allá de las genéricas referencias que pudieran constar en la causa, no se advierte, en concreto, que se haya dirigido imputación formal de delito contra un agente público". En ese tono, le recuerda al fiscal Rodríguez que la PIA "ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos". 

En su presentación, la PIA no sólo había coincidido con Delgado en calificar de "apresurada" y "prematura" la decisión de Canicoba Corral sino justificado la incidencia de la investigación respecto de la función pública: "Incluye determinar si las transferencias que recibió Arribas podrían ser parte de una intermediación en el pago de sobornos por la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, adjudicada durante el Gobierno de Cristina Kirchner a una UTE integrada por las empresas Odebrecht del Brasilero Marcelo Odebrecht, IECSA, actualmente de Marcelo Midlin, y en esa época de Angelo Calcaterra y la Italiana Gella. Es decir, un caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos nacionales en la adjudicación de una obra pública".