María Ovando volvió a ser detenida en la ciudad misionera de Eldorado y fue trasladada al penal de Posadas por decisión de la Cámara de Apelaciones de Misiones, que revocó su excarcelación tras la condena a 20 años de prisión que se le impuso por presuntamente “haber permitido o no haber impedido abusos sexuales en su familia” contra una de sus hijas y una de sus nietas.
La defensa de Ovando, compuesta por integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, señalaron que “la revocación de la libertad no puede ser ejecutada hasta que sea revisada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia”, por lo que Ovando seguirá en libertad.
Uno de los abogados de María Ovando, Eduardo Paredes, criticó en diálogo con Las últimas noticias el accionar de la justicia y aseguró que existe una mirada patriarcal en las resoluciones del caso.
“Al Poder judicial en provincias muy marginales, como Misiones, todavía nunca le llegó prácticamente la democracia, son poderes judiciales muy verticales y autoritarios. El caso se lo tomó como una cuestión política porque Canal 13, en su momento, mostró lo que era y es esta Misiones, que está dentro de las provincias más pobres”, sostuvo Paredes.
En ese sentido, afirmó que la absolución a Ovando en noviembre de 2012 -en ese momento enfrentaba una condena acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, mientras intentaba atravesar el monte cargando a la nena para llegar al Hospital para que la atendieran - fue una “herida” al poder judicial, que ahora la hostiga por haber presentado una demanda por daños y perjuicios contra el Estado, el fiscal y el juez que habían intervenido en la causa.
Los hechos por los cuales se la acusa actualmente sucedieron, según afirma la defensa, "cuando sus hijas ya no estaban al cuidado de María". En marzo del 2015, la jueza Margarita Potschka resolvió quitarle la guarda de las dos niñas, que desde entonces están al cuidado de la abuela.
Allí, según contó Paredes, se produce el abuso sexual de una de las niñas y se condena a 20 años de prisión a Ovando, acusada de "haber permitido o no haber impedido el abuso sexual" de una de sus hijas y una de sus nietas.
El Tribunal también halló culpables a los acusados de abuso, pero les aplicó condenas menores: 18 años a Marcos Iván Laurindo y 12 a Lucas Sebastián Ferreira, como autores del delito de "abuso sexual con acceso carnal".
“Hay un ensañamiento con todo el tema porque sienten que en el primer juicio quedó muy expuesta la provincia”, remarcó Paredes y aseveró, además, que existe “una tremenda misoginia por parte del fiscal”.
En esa línea, señaló que el mismo Estado que hoy la juzga, nunca estuvo presente ante las adversidades y vulnerabilidades que sufrió a lo largo de su vida.
“El Estado sólo la reconoce con la criminalización. La niña que murió nunca tuvo documentos, sólo tuvo un documento en su vida que fue el certificado de defunción”, sentenció.
