Gendarmería Nacional irrumpió en territorio mapuche de Neuquén junto a la petrolera YPF para avanzar con la cuestionada técnica del fracking. A pesar de la legislación que favorece las demandas indígenas, cien efectivos allanaron el camino para intentar realizar nuevos pozos en la zona de Loma Campana (Vaca Muerta). La Confederación Mapuche de Neuquén denunció la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”. Amnistía Internacional emitió un comunicado de urgencia donde destacó su “máximo preocupación” por lo sucedido en Vaca Muerta.
El lof (comunidad) Campo Maripe vive cerca de Añelo desde 1927, confirmado por estudios históricos y antropológicos de la Universidad Nacional del Comahue. Su territorio, siempre despreciado por empresas y funcionarios, comenzó a ser codiciado cuando se decidió explotar la formación petrolera Vaca Muerta.
Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, artículo 75 de la Constitución Nacional, entre otros). Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio). Nunca se cumplió ese derecho y el lof Campo Maripe cerró el paso a nuevos pozos de fracking (técnica muy cuestionada por sus consecuencias en el ambiente y salud). Desde hace 15 meses que YPF-Chevron no pueden perforar en ese territorio mapuche.
El miércoles 21, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad, cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Acusaron a Gendarmería e YPF de actuar ilegalmente y señalaron como “generadores y responsables” del conflicto al gobierno nacional y al gobernador, Omar Gutiérrez. Los efectivos y operarios de la petrolera se retiraron por la tarde, pero avisaron que volverían para montar torres y realizar un nuevo pozo de fracking.
El jueves 22 a la mañana, las comunidades mapuches marcharon hasta la sede de Gendarmería en el centro de Neuquén. Repudiaron el accionar de los efectivos y las mujeres de la comunidad se encadenaron al portón de entrada. Las autoridades de la fuerza reconocieron que no contaban con orden judicial.
“Por orden de la ministra Bullrich, Gendarmería ha militarizado la comunidad Campo Maripe. Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y nos llenan de basura de la contaminación petrolera”, denunció la Confederación Mapuche. Apuntaron también al Poder Judicial, por no hacer cumplir los derechos indígenas: “La Justicia deja todo para que el más fuerte imponga sus condiciones”.
“Más allá de la violencia que desatan sobre nuestras vidas desde que llegó el fracking y la muerte a nuestro territorio, anunciamos que si no hay seguridad sobre nuestras tierras y aplicación de derecho a la consulta, no los dejaremos en paz”, advirtió la Confederación Mapuche.
La versión de YPF y los gobiernos nacional y provincial fue mutando en el tiempo. Primero dijeron que no había comunidad mapuches y que eran tierras fiscales. Luego reconocían que existían pero los acusaron de “violentos” y que detenían “el progreso”.
Amnistía Internacional emitió un comunicado de urgencia. Cuestionó el accionar de Gendarmería y remitió un pedido de acceso a la información pública a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, para que informen sobre los procedimientos realizados por la Gendarmería y los fundamentos jurídicos de los mismos.
El 18 de junio, Amnistía Internacional visitó el territorio y recibió denuncias por parte de referentes de la comunidad sobre la presencia de efectivos en sus tierras, incluso en horas de la noche, “que funcionarían como estrategia de desgaste y persecución para silenciar sus reivindicaciones históricas y así poder avanzar con la explotación petrolera”. La organización de derechos humanos manifestó su “máxima preocupación” y llamó a que las autoridades de gobierno “avancen en el reconocimiento territorial de las comunidades”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en su informe de gestión de agosto de 2016, acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales, los responsabilizó de hechos delictivos (sin aportar ninguna prueba) y apuntó contra el lof Cushamen (Chubut) y contra las comunidades mapuches en Vaca Muerta.
