El destronado “Rey de La Salada” Jorge Castillo se negó a declarar ante el fiscal Sebastián Scalera que lo investiga como jefe de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros de esa feria, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. El empresario pidió a la Justicia protección, tanto para él como para sus familiares también detenidos e investigados. Además, durante la tarde, se entregó en la fiscalía el abogado Alfredo Magistrati, quien permanecía prófugo desde el miércoles, y está acusado de ser organizador de otra de las bandas que se repartían el territorio de la feria, “La Banda de Adrián”, integrada por el sobrino de Castillo.

El empresario multirrubro detenido el miércoles en su casa en el barrio cerrado Haras Argentino Farm Club, en Luján, fue indagado cerca de la una de la madrugada en la fiscalía de Lomas de Zamora.

Por recomendación de sus abogados se negó a contestar las preguntas de Scalera que lo imputó por “asociación ilícita en grado de organizador o jefe” y de “homicidio en grado de tentativa calificado por haberse utilizado un arma de fuego y por haberse cometido contra un integrante de fuerzas de seguridad”. Esta última causa se abrió luego de que Castillo disparara contra los policías que lo fueron a detener.

Tras la negativa a declarar se reservó el derecho constitucional de ampliar la declaración y dar su versión con posterioridad. Luego, solicitó el resguardo para él y para los miembros de su familia porque, según fuentes del caso, un detenido se le acercó en la alcaidía de La Plata donde permanece preso y le dijo: “Tené cuidado que alguien te va a hacer una maldad”.

En tanto, el fiscal explicó que la jornada del jueves fue “muy intensa, se cumplió con las declaraciones en calidad de imputados de todos los detenidos”. Y aseguró que “en general, todos se negaron a declarar, salvo los dos efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires”.

Scalera informó, además, que “después de haber recibido declaración a los imputados yo ahora cuento con un mes para solicitar o no la conversión de las detenciones en prisión preventiva”, e indicó que en ese tiempo evaluará “las pruebas que se ha agregado a la causa y las que se produzcan en estos días”.

Por otra parte, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sostuvo que “hasta el momento no tenemos ningún dato que permita vincular a dirigentes políticos, sociales ni personalidades públicas en las investigaciones que estamos llevando adelante”, y advirtió que “es muy probable” que haya más capturas.