Luis Muiña, el represor condenado por delitos de lesa humanidad que fue beneficiado hace un mes y medio por la Corte Suprema con el 2x1, recibió ayer un revés judicial que lo deja al borde de la prisión perpetua. La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento con el que el Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires lo había desligado del juicio que analizará responsabilidades en los homicidios agravados de los trabajadores del Hospital Posadas Jorge Roitman y Jacobo Chester, cometidos durante la última dictadura cívico militar. 

La decisión sobre el futuro de Muiña la tomaron los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, la misma que el jueves confirmó la polémica condena a la dirigente social Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso por un escrache del que no participó. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani revocaron el sobreseimiento de Muiña por unanimidad y ordenaron que prosiga su juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal.

Los camaristas decidieron hacer lugar al recurso que había presentado la fiscalía para discutir el sobreseimiento con el que el tribunal había beneficiado a Muiña, un represor que integró la patota que, bajo las órdenes de Reynaldo Bignone, aterrorizó a empleados, personal médico y pacientes del Hospital Posadas. Muiña había sido condenado por ese mismo tribunal a 13 años de prisión por secuestrar y torturar a un grupo de empleados y médicos del hospital en el centro clandestino de detención que funcionó en su predio, conocido como El Chalet, y estaba siendo investigado por la muerte de algunos de ellos. En particular, su participación en el asesinato de Chester, empleado del Posadas, cuyo cuerpo apareció en las aguas del Río de la Plata, y en el del médico Roitman, quien permanece desaparecido. Su defensa había argumentado que debía ser sobreseído para que su garantía contra la persecución múltiple no fuera violentada. Consideraba, básicamente, que los hechos por los que había sido condenado y los que estaban prontos a ser debatidos en un nuevo juicio oral eran los mismos.   

Pero la fiscalía discutió eso y los camaristas le dieron la razón. “No es lo mismo, digamos, privar a una persona de su libertad y someterla a torturas que, aprovechando el estado de indefensión resultante de esas circunstancias, trasladarla para su ejecución”, justificó Hornos la revocación del sobreseimiento de Muiña. “Eso último -y sólo eso- es lo que la fiscalía pretende se juzgue en esta oportunidad y, sin perjuicio de lo que pueda determinarse durante el debate, en esa medida no luce en modo alguno como la reedición de un hecho ya juzgado”, continuó. Borinsky y Gemignani coincidieron.

Al momento de solicitar el recurso de Casación, el Ministerio Público Fiscal había explicado que “los homicidios por los cuales llega Muiña a juicio no fueron nunca examinados antes de  la indagatoria, el procesamiento y el debate oral. Todo ello iba a surgir claramente del debate que estaba próximo a iniciarse”. Incluso la fiscalía había insistido en que, al momento de condenar al integrante de lo que se conoció como el grupo Swat, el TOF 2 de la Ciudad de Buenos Aires había solicitado extracción de testimonios para que se lo investigara por los asesinatos. La querella de las familias de Chester y Roitman, representada por el abogado Pablo Llonto, había apuntalado esa idea: “Es evidente que en este caso no existe (peligro de violación de la garantía contra la persecución múltiple) porque Muiña nunca fue condenado, juzgado o absuelto por los homicidios” de las víctimas en cuestión. 

Muiña fue el primer genocida condenado en recibir de parte de la Corte Suprema el beneficio del 2x1 que ocasionó una catarata de pedidos similares de parte de represores y, a la vez, el repudio multitudinario de la sociedad.