Mauricio Macri no tiene margen económico ni político para absorber las consecuencias de una derrota electoral. La experiencia histórica nos señala que un triunfo del peronismo como partido opositor llevaría a los operadores económicos a anticipar un futuro político ya transitado varias veces”, sostiene el último informe de la consultora Econométrica, que dirige el economista de la city Mario Brodersohn, ex secretario de Hacienda de Juan  Sourrouille en el gobierno de Raúl Alfonsín. Un revés en las urnas, según esta visión, pondría al Gobierno en jaque y abriría las puertas a un regreso de las políticas heterodoxas que repudian los mercados financieros y los sectores concentrados de la economía. Sería el principio del fin para el primer experimento neoliberal comandado por los CEO, sugiere el paper. En cambio, una victoria del oficialismo le dará espacio para “tomar decisiones económicas conflictivas”. “Se suele decir que cuando los presidentes tienen que tomar este tipo de medidas los ministros le presentan dos opciones: una que termina siendo políticamente perversa y la otra también”, avisa. Esas alternativas son seguir con el “gradualismo” o pasar al “shock”. “Si el presidente triunfa en las elecciones en la provincia de Buenos Aires tendrá que elegir una de las dos opciones económicas para el 2018: gradualismo o shock fiscal”, enfatiza. “El camino intermedio, esto es, empezar con gradualismo y terminar con shock es la opción más riesgosa porque puede llevar a que sea el mercado el que se anticipe y tome la iniciativa para un shock no buscado. Por ello, se sostiene que en el gradualismo el factor limitante es el acceso al endeudamiento externo y en el shock el factor limitante es la tensión social”, describe.

  Los escenarios que vislumbra Econométrica son, en resumen, los siguientes: si Macri pierde “no tendrá margen ni económico ni político” para absorberlo, y si gana tendrá que elegir entre mantener una estrategia de ajuste “gradualista”, con el riesgo de que el mercado le restrinja el financiamiento y lo arrastre a un “shock no buscado”, o sumergirse directamente en el “shock fiscal”, con el riesgo a la reacción social. Son caminos que presagian un 2018 con mucho ruido o mucho ajuste, en la concepción de referentes del mercado como lo es la consultora de Brodersohn. La ortodoxia económica descarta la puesta en marcha de medidas de estímulo al mercado interno, la recuperación de la industria y la reparación de los daños ocasionados sobre el empleo y el tejido social. Su obsesión es el ajuste del gasto público y el achicamiento del Estado, asumiendo que son decisiones “conflictivas” o “perversas”, en palabras del economista radical, porque es claro que la consecuencia de esa elección será un agravamiento de los problemas para las mayorías.

  El Gobierno dice por ahora que confía en poder seguir con el ajuste “gradual”, que para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, implica por ejemplo un recorte de subsidios a los servicios públicos por 60 mil millones de pesos el año próximo. Ello incluirá un tarifazo en el transporte, postergado este año por las necesidades electorales. El informe de Econométrica señala que si las autoridades “eligen este camino gradualista, la economía en 2018 volverá a depender como en 2016 y 2017 de un creciente acceso a los mercados financieros internacionales para financiar los crecientes desequilibrios fiscal y externo”. Luego se pregunta si “están dadas las condiciones económicas y políticas para volver a insistir con el enfoque gradual”, y responde que “el atraso cambiario y de tarifas” utilizado este año como ancla anti-inflacionaria “debilitan” esa posibilidad. En definitiva, el documento se acerca a la conclusión de que lo más conveniente es apuntar al shock. Le concede al Gobierno que lo haya postergado hasta ahora para no aumentar el riesgo de perder las elecciones de octubre, consciente de la impopularidad que conlleva su plan, y acepta que “un nuevo triunfo electoral de Macri sobre el peronismo le daría más fortaleza política y más credibilidad para plantear luego los cambios de fondo necesarios”. Es decir, el ajuste recargado y las transformaciones estructurales para bajar los costos de salarios y jubilaciones y disminuir la carga impositiva sobre las empresas.

“La opción del shock en 2018 parte del supuesto que el Gobierno cuenta con respaldo político para sostener las propuestas de cambios estructurales”, aclara Econométrica. “El shock tiene como prerrequisito una coalición con otra u otras fuerzas políticas. No se trata de convocar a un Consejo Económico y Social con la participación de todas las fuerzas vivas sociales, políticas y económicas al estilo del Pacto de la Moncloa ni tampoco crear una comisión parlamentaria que discuta políticas de Estado y termine disfrazando la intención oficialista de gobernar por su cuenta”, explica. “El objetivo –concluye– sería invitar a algunos partidos de la oposición a compartir las ventajas y los costos políticos de ser parte en las decisiones de gobierno. Se trata de integrar un gobierno de cohabitación como lo fue el de Francia con Mitterrand (presidente socialista) y Chirac (primer ministro de derecha). O en Chile con la coalición gobernante de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. O como el presidente francés Macron, que fue electo siendo primera minoría y sin una estructura política que lo contenga”. Este punto da cabida al argumento de Cristina Fernández de Kirchner de evitar que en las listas de Unidad Ciudadana participen dirigentes que luego de las elecciones se den vuelta para acompañar los proyectos del Gobierno, como ocurrió tras los comicios de 2015 con numerosos kirchneristas que pasaron a votar las principales leyes del oficialismo.

El estrecho margen de maniobra que Brodersohn le asigna a Macri coincide con el discurso de las corporaciones empresarias y del establishment financiero. La decisión de MSCI de mantener a la Argentina como mercado fronterizo fue un mensaje directo a las autoridades y a la oposición oficialista sobre las condiciones que exigen los prestamistas para seguir acercando dólares a la economía nacional. Los especuladores, que vienen reportando ganancias extraordinarias con la bicicleta financiera, le corrieron el arco al Gobierno y le advirtieron que solo están dispuestos a seguir montados a la rueda de la deuda si se les asegura un nivel de ajuste sobre los argentinos que les garantice el repago de sus “inversiones”. Es la misma lógica que antes aplicaba el Fondo Monetario Internacional para aprobar sus desembolsos crediticios, imponiendo un plan económico que terminó llevando al desastre de 2001.

El bono a cien años emitido entre gallos y medianoche, sin participación del Congreso, es otro ejemplo de las ofrendas que el Gobierno acepta darles a los financistas para que hagan buenos negocios y mantengan activado el pulmotor del endeudamiento. Sin ese anabólico y el arribo de capitales para timbear con las Lebac, las tensiones que va generando la política económica pueden disparar episodios de desestabilización tanto en los campos financiero y cambiario como en la economía real. Mantener abiertos ambos canales de financiamiento tiene un costo cada vez alto, en contra de la lógica oficial según la cual a medida que la Argentina hiciera los deberes que le pide el mercado irían bajando las tasas de emisión de títulos públicos y las de pasivos remunerados del Banco Central. Ya va un año y medio de esa estrategia, que arrancó con la capitulación ante los fondos buitre, y los resultados están lejos de lo prometido. Lo que se ve, por el contrario, es que las exigencias de los inversores van en aumento, mientras los grados de autonomía del Gobierno y de la autoridad monetaria se comprimen en la misma proporción. Sobre esa base, para 2018 lo que busca imponer el poder económico es el mandato perverso del shock fiscal.