El Poder Judicial, o al menos algunos de sus exponentes, actuó como un mecanismo de relojería y en un tiempo récord que raramente aplicaría a un “perejil” para desembocar en la decisión de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de confirmar el sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la causa en la que investigaba si recibió sobornos por 850 mil dólares en una cuenta en Suiza vinculados con los negocios de Odebrecht en el país, y en particular con el soterramiento del Tren Sarmiento. La causa había sido cerrada por el juez Rodolfo Canicoba Corral sin siquiera tener pruebas de las operaciones bancarias que habían sido reveladas por el cambista brasileño Leonardo Meirelles en su país y que luego reveló también en Argentina. El fiscal de Cámara, Germán Moldes, desistió de apoyar la apelación de su colega Federico Delgado ante la Cámara Federal y finalmente volvió a apelar Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que nunca había sido notificada para opinar. Casación dijo ayer que ese organismo sólo puede intervenir cuando son investigados funcionarios públicos pero que Arribas no lo era en la época de los hechos. La PIA ya había dicho que su función es investigar “corrupción”, no funcionarios. Para el tribunal, no importa si hubo delito.

El fallo de Casación cierra las puertas de un plumazo a la investigación, que representa una de las aristas rastreadas sobre el pago de sobornos de parte de la constructora Odebrecht. Lo firman Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma, que declaran “inadmisible” el reclamo de la PIA, que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, que reclamaba que dieran intervención en el expediente, no sólo por tratarse de un hecho de corrupción en juego sino porque había desistido la fiscalía ante la Cámara Federal (un paso anterior a la Casación). El argumento de los jueces es que no hay ninguna imputación dirigida a un funcionario público, porque Arribas en 2013 –cuando se situaría la mayoría de las transferencias– no tenía cargos. Es más, Canicoba Corral había concluido que si cometió algún ilícito pudo haber sido en otra parte, ya que vivía en Brasil en ese entonces, pasando por alto qué papel pudo haber tenido en las coimas que se investigan en Argentina pero que se pudieron haber pagado con circuitos de dinero emanados en distintos lugares y donde no sólo hubo funcionarios sobornados sino pagadores de sobornos e intermediarios. Tampoco rastreó si hubo lavado de dinero. En la PIA evalúan presentarse ante la Corte Suprema.

El primer golpe al expediente lo dio, precisamente, Canicoba Corral, cuando dictó el sobreseimiento de Arribas sin siquiera optar por la llamada “falta de mérito”, que es una opción intermedia que permite continuar la investigación. El juez se apoyó en un informe del Banco Central y en otro de la Unidad de Información Financiera (UIF), ambos órganos cuyos titulares responden políticamente al Poder Ejecutivo que hasta ahora, en especial el segundo, han demostrado ser eficaces para colaborar con los intereses oficiales en las causas, ya sea para desvincular a los propios o acusar a funcionarios de la gestión anterior. La UIF, de hecho, emitió un informe donde decía que sólo podía corroborar lo que había dicho Arribas: que admitía una única transferencia por 70.000 dólares por la venta de un inmueble en San Pablo, que después sustituyó por otra versión de que eran muebles. Canicoba Corral tampoco esperó la respuesta a exhortos enviados a Suiza y a Brasil y no quiso tomarle declaración en la Argentina de Meirelles, cuyo testimonio -ante IDL Reporteros de Perú– había sido el disparador de la investigación, porque se podía autoincriminar.

El titular de la PIA, Rodríguez, quien lleva adelante una pesquisa amplia sobre Odebrecht para determinar si hubo algo comparable al Lava Jato en el país, gestionaba de todos modos esa declaración que, finalmente se concretó con posterioridad al sobreseimiento. El 11 de mayo se hizo una videoconferencia, en la que también participó el fiscal Delgado (quien investigaba a Arribas), y en la que el cambista declaró sin estar bajo juramento. Allí dijo, de manera contundente, que le había hecho diez transferencias a Arribas por 850 mil dólares en nombre de Odebrecht a una cuenta en Suiza y que estaba seguro de que el titular de la AFI había recibido el dinero. También dijo que recordaba haber tratado con Iecsa, la constructora que perteneció al Grupo Macri, luego al primo del Presidente, Ángelo Calcaterra y ahora al empresario afín al gobierno Marcelo Mindlin, y que está asociada con Odebrecht en las obras del Sarmiento. El “doleiro” se ofreció a dar precisiones, si los fiscales argentinos hacían un requerimiento concreto al Ministerio Público brasileño.

Las causas por las transferencias que habría recibido Arribas se inició a mediados de enero con una denuncia que hizo la socia de Cambiemos Elisa Carrió, después que el periodista Hugo Alconada Mon revelara en La Nación lo que había dicho Meirelles al consorcio de periodistas que investigaban los sobornos de Odebrecht en la región y daba detalles de las transferencias, que hasta ese entonces se señalaban como cinco en total por 600 mil dólares. Al declarar como testigo, Alconada aportó los comprobantes que tenía de las operaciones y relató que en sus intentos por contactar a Arribas antes de publicar la información, sólo le contestaban emisarios que fueron cambiando su versión, uno le habló de una transferencia por 70.000 dólares, otro la negó, otro admitió todo pero dijo que eran “operaciones en negro” y otro dijo que el anterior no estaba “autorizado” a decir eso. También señaló que dos funcionarios no habían descartado que hubiera sido por tareas de lobby de Arribas.

Cuando el fiscal Delgado apeló el sobreseimiento reclamando todo lo que el juez Canicoba Corral no había hecho, el fiscal de Cámara, Moldes, se apuró a desistir del recurso. Eso significa que no le daba sustento al reclamo de su colega. Por ende la Sala I de la Cámara Federal dio el caso por terminado. El planteo de Moldes fue apenas una semana antes de que se concretara la declaración de Meirelles a la distancia. Como es evidente, era un aporte sustancial porque es el hombre que asume haberle pagado a Arribas. Todavía no se había levantado la confidencialidad sobre las declaraciones de 77 ejecutivos de Odebrecht en Brasil sobre el reparto de coimas en distintos países, incluida Argentina.  

Por los dichos de Meirelles, el fiscal Rodríguez envió un pedido de colaboración a los fiscales brasileños que investigan Lava Jato para acceder a la documentación sobre las transferencias. Meirelles dijo que las había hecho vía una cuenta que manejaba en Hong Kong y que había entregado todos los comprobantes a los investigadores de su país, donde hizo un acuerdo de delación premiada y quedó desvinculado. Días atrás, en un encuentro con fiscales del Mercosur, los representantes de Brasil hablaron con el titular de la PIA sobre todos los pedidos de cooperación en múltiples causas donde se investigan sobornos de Odebrecht, y le advirtieron que no le entregarán nada porque debe garantizarles a los delatores las mismos derechos que en su país, es decir, la posibilidad de quedar impunes, lo que aquí es inexistente. Pero en relación al envío de la información sobre Arribas se trataría de una situación diferenciada ya que fue propiciada por Meirelles y en la PIA todavía creen que puede llegar la documentación.

Cuando la PIA recurrió a Casación advirtió a los jueces que “el descubrimiento de las transferencias constituye un dato probatorio, probablemente constitutivo de un tramo de la comisión de un delito, que fue el pago de sobornos para la adjudicación de la obra del soterramiento del Sarmiento por parte del gobierno (…) no hay dudas que los hechos que forman parte de la pretensión del Ministerio Público versan sobre la posible intervención de Gustavo Arribas -como intermediario de Odebretch-  en el pago de sobornos a funcionarios argentinos con el fin de impulsar la obra del soterramiento del Sarmiento que se encontraba demorada. Ello surge de modo evidente de la redacción de la propia resolución criticada (de Canicoba Corral) y del requerimiento oportunamente efectuado por el Fiscal de instrucción. Tampoco debería existir dudas que una verificación en este sentido podría constituir el delito de cohecho activo o soborno transnacional según el ofrecimiento o dación ocurra en territorio Nacional o  Brasileño”. Advertía que era obvio que “no se estaba frente a una investigación agotada” y que se la cerró justo cuando podían empezar a incorporarse datos comprometedores.