La Procuración General de la Nación dictaminó este viernes que la Corte Suprema es competente para intervenir en el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para que se habilite la continuidad de las clases presenciales en ese distrito.
El dictamen fue firmado por la Procuradora Laura Monti, quien sostuvo que "la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"Entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia", señaló Monti.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 que prevé, entre otras medidas, la suspensión en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) por dos semanas desde el lunes próximo como parte de las medidas para contener la segunda ola de contagios de coronavirus.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, y pide al máximo tribunal que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado".
En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto "viola la autonomía de la Ciudad" e "implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación".
La presentación fue realizada minutos antes de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegara a la residencia de Olivos para mantener una reunión de trabajo con el presidente Alberto Fernández, a propósito de esta decisión.
Luego del encuentro entre ambos, el Presidente ratificó la decisión tomada y aseguró que "desde que volvieron las clases, la curva ascendió precipitadamente".
“He estudiado cómo es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial, y es francamente alarmante porque se mueven alumnos, docentes, no docentes, transportistas, padres y madres. Un número muy importante de gente que representa casi un tercio de la circulación”, remarcó el Presidente.
