Quizá la generación posterior a 2001 no lo recuerde, pero la carga del endeudamiento externo, es decir; en moneda extranjera, sobre el Presupuesto fue el problema económico casi excluyente durante la recuperación democrática. La más pesada herencia económica de la última dictadura cívico-militar fue haber tomado endeudamiento con el exterior sin ton ni son, deuda ofrecida por una banca internacional urgida por el reciclaje de los petrodólares.
Existen razones para que el problema fuera prácticamente olvidado por la mayoría de la población durante al menos la primera década larga del siglo. Los gobiernos kirchneristas asumieron con default; sin que el servicio de la deuda haya pesado en los primeros años, pero también con superávit externo; sin el problema de tener que financiar déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Recién después de la reestructuración con fuerte quita de 2005 y del pago al contado al FMI en los primeros días de 2006, cuando la economía ya estaba en marcha, comenzó un proceso de desendeudamiento. Fue el fin, hoy sabemos que apenas transitorio, de la injerencia del poder financiero global en la determinación de las políticas económicas internas.
Cuando se habla de endeudamiento en divisas lo que importa es su relación con el PIB y las necesidades de financiamiento. Sobre el primer punto, dicho con cifras para memorizar, se pasó de una relación deuda/PIB que excedía largamente el 100 por ciento a una que apenas superaba el 40. El segundo punto es el principal desafío del desarrollo: que las importaciones no superen a las exportaciones, alejar el déficit de la cuenta corriente. Por definición el Balance de Pagos está siempre en equilibrio, si hay déficit externo es porque hay deuda para financiarlo.
Ambos factores están correlacionados en tanto el repago de la deuda demanda divisas. Lo peor que le puede pasar a una economía pensando en su “sustentabilidad estructural” es que el peso de la deuda aumente junto con el déficit de la cuenta corriente. Es el escenario del presente y, también, el previsto en el Presupuesto 2017 para los próximos años. Lo que sucede cuando ambos factores aumentan es que disminuyen exponencialmente los grados de libertad de la política económica en favor de los acreedores. El resultado del proceso es que toda la economía se subordina a las necesidades de endeudamiento en vez de a superar el déficit externo. Se trata del mismo panorama que antecedió a la crisis de 2001, crisis que hoy la mayoría de la sociedad parece no recordar.
Para prestarle al país los financistas miran dos cosas: la tasa de interés y la baja relación deuda/PIB. Ello permitió en 2016 tomar deuda por alrededor de 50 mil millones de dólares y por cerca de 40 mil millones en lo que va de 2017. En este escenario, el despropósito conocido esta semana de los 2750 millones a 100 años a una tasa de interés efectiva de casi el 8 por ciento anual parece un dato menor, un vaso de agua en una pileta, pero su valor simbólico confirma las múltiples dimensiones negativas del nuevo ciclo de endeudamiento. Entre ellas:
- Quedó en evidencia la falacia de que los gestos de sumisión al poder financiero se traducirían en tasas de interés más bajas, la principal zanahoria discursiva para el generalizado apoyo recibido desde el poder legislativo. A pesar de haber pagado sin chistar a los fondos buitre y de hacer todos los deberes a gusto de las finanzas, las tasas que hoy se pagan son similares a las que se conseguían en 2015.
- Aunque parezca un chiste, muchos economistas del establishment afirmaron que el plazo de un siglo representaba una muestra de confianza de los mercados hacia el gobierno. “Chiste”, porque al mismo tiempo se culpó al acecho del populismo por el rechazo a la recategorización de mercado emergente, problema que sólo se salvaría con un triunfo oficialista en las elecciones de medio término. Dado que hay elecciones todos los años impares; no existe lógica racional que legitime que sólo la de 2017 garantice el resultado de las próximas cuarenta y nueve.
- Finalmente el dato central: el endeudamiento con el exterior recrea la dependencia colonial con los países centrales en tanto constituye la principal herramienta de sujeción de las políticas internas. El objetivo es la extracción del excedente y el aseguramiento del lugar del país en la división internacional del trabajo.
En este punto aparece un problema de intertemporalidad incompatible con la democracia y que debería ser incluido prioritariamente en una futura reforma constitucional. Si bien no es un problema legal, sino de relaciones de poder, se necesitan idear mecanismos que limiten que una administración elegida por cuatro años pueda disponer de recursos presupuestarios de 25 períodos constitucionales. Lo mismo debería ocurrir “hacia atrás” con la disposición del patrimonio público acumulado en períodos anteriores. Por ejemplo, el vaciamiento o privatización de empresas estatales o el avance sobre los recursos de la Anses.
Desde la perspectiva ideológica e histórica el nuevo ciclo de endeudamiento representa un aparente segundo contrasentido lógico. Mientras los dispendiosos gobiernos populistas redujeron a mucho menos de la mitad el peso de la deuda ampliando los grados de libertad de la política económica, los austeros gobiernos neoliberales lo multiplican irresponsablemente recreando la dependencia.