La reforma tributaria para reducir los impuestos que “asfixian” a la actividad privada se encuentra en la agenda post-electoral del gobierno. De acuerdo al relato oficial, las elevadas cargas tributarias le quitan recursos a las empresas. Además, el elevado costo impositivo encarece los productos nacionales y los torna poco competitivos. Por ello, la baja de impuestos permitiría a las empresas contar con más recursos para invertir. Además, los menores costos impositivos le brindarían mayor competitividad permitiendo aumentar sus ventas en el mercado interno e internacional. La consecuente expansión de la actividad privada mejoraría la recaudación, compensando la reducción de las cargas y evitando drásticos ajustes en el gasto social.

Esa idea del Estado restando recursos al sector privado cuando cobra impuestos es parcial ya que no considera que el Estado brinda recursos al sector privado cuando gasta. Las jubilaciones, asignaciones y sueldos se traducen en consumo privado que incrementa las ventas de las empresas. La obra pública conforma el ingreso de las firmas constructoras. Tal vez el único gasto público que no derrama al sector privado es el pago de intereses a acreedores internacionales pero, aún sin contarlos, el Estado muestra déficits primarios. Es decir, que brinda más recursos al sector privado mediante el gasto que los que retira a través de impuestos y contribuciones a la seguridad social. Siendo así, una reducción de impuestos sólo incrementará los recursos de los privados si se mantienen los gastos y, por lo tanto, se agranda el déficit.

Respecto al impacto del costo impositivo sobre la competitividad empresarial es un tema a resolver mediante la política de aranceles a la importación y devoluciones impositivas a los exportadores. Las importaciones pagan IVA y los impuestos internos que impactan en los costos productivos pueden ser compensados mediante las tarifas aduaneras. Para las firmas que despachan bienes al exterior rige un sistema de devolución de impuestos para evitar su sesgo antiexportador que, en todo caso, debe mejorarse en tiempos de cobro y cobertura.

Los ingresos fiscales nacionales, provinciales y municipales equivalen a un 35 por ciento del Producto, a mitad de camino entre los países de la región y los países desarrollados con sistemas de bienestar social. Si no se piensa incrementar el déficit, la reforma impositiva deberá ser acompañada de una baja en los gastos. Al respecto, el costo de mantención de la seguridad social, la educación y salud pública representa aproximadamente el 25 por ciento del PIB. Su privatización como en otros países de la región, permitiría disminuir drásticamente el peso de los impuestos que se pagan. Pero incrementaría el peso de los aportes y comisiones a las AFJP, las cuotas de la escuela (incluyendo las privadas subsidiadas) y de las prepagas en los presupuestos de los hogares. Claro que también puede haber un ahorro de recursos a nivel global, que estaría dado por la exclusión de quienes queden sin cobertura social por trabajar en “negro”, no puedan pagar la cuota de la escuela para sus hijos o el costo de atención en una clínica privada.

@AndresAsiain