El martes próximo el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con el dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que elimina el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años, entre otros puntos.

Juntos por el Cambio adelantó que rechazará el proyecto, aunque el oficialismo confía en tener los votos necesarios para lograr un dictamen favorable que permita tratar el proyecto la semana que viene en el recinto de la Cámara baja.

La iniciativa para reformar el Ministerio Público Fiscal cuenta con media sanción en el Senado y se espera que el texto sufra modificaciones en Diputados, con lo cual deberá volver a la Cámara alta.

Se prevé que cambie la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.

Los principales cambios

El proyecto del oficialismo apunta a modificar la Ley 27.148 que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, las modificaciones impulsadas, son:

  • Designación: se busca que el nombramiento del procurador general de la Nación sea a partir de una mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios de los presentes (que sería 48 votos si asistieran los 72 senadores) que rige hoy.
  • Remoción: Se modificará el artículo 76 de la ley y la remoción del procurador será "por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones" y podrá producirse "por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros".

También podrá realizarse "a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros".

Además, se introduce la posibilidad de que el Senado suspenda al acusado, durante un máximo de 180 días, por mayoría absolut y se establece la intervención de la Comisión bicameral de control del Ministerio Público del Congreso en algunos temas de gestión del organismo.

La ley actual, en el artículo 76, señala como único mecanismo "el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional", esto es el juicio político, con Diputados como cámara acusadora y el Senado como cámara juzgadora.

  • Reemplazo: Durante el debate del Senado el 27 de noviembre pasado, el Frente de Todos incorporó un cambio en el proyecto referido a los casos de vacancia en la Procuración General, por el cual se estableció que asumirá el cargo el o la "fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo" elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal

Duración en el cargo: el proyecto de ley en discusión propone limitar el mandato del procurador o procuradora a cinco años, con posibilidad de extenderlo otros cinco años más si, a propuesta del Ejecutivo, el Senado renueva el acuerdo. La ley actual no establece un plazo para el mandato del jefe de los fiscales, por lo que el cargo es considerado "vitalicio".

  • Tribunal de enjuiciamiento: Actualmente, el tribunal encargado de evaluar la conducta de los fiscales está integrado por siete miembros y el proyecto eleva ese número a nueve, al tiempo que modifica su composición.

La iniciativa establece que se integrará por cinco vocales que serán uno en representación del Poder Ejecutivo; tres en representación del Congreso -integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los cuales dos representarán a la mayoría y uno a la minoría; y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.

A ellos se sumarán dos vocales abogados de la matrícula federal y otros dos vocales deberán ser elegidos por sorteo público entre los fiscales generales con no menos de diez años de antigüedad en el cargo.

No obstante, esto podría ser modificado por la Cámara de Diputados a fin de incorporar un vocal en representación del Ministerio Público Fiscal.