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En paralelo a la campaña electoral el Gobierno afronta un desafío que viene perdiendo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratará el caso de la Argentina y cumplirá con su compromiso de darles lugar a las observaciones de los integrantes de Justicia Legítima sobre la persecución a jueces y fiscales o la estigmatización directa de algunos, formen o no parte de JL. Lo confirmaron a este diario miembros de la agrupación tras un encuentro en Mar del Plata.
“No les basta con demonizar”, dijo el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar. “Ponen en marcha una campaña de esterilización que busca neutralizar a los que muestran una vocación fuerte en defensa de los derechos humanos, sea en el fuero penal o en el laboral”, dijo.
La CIDH se reunirá en julio en Lima y en octubre en Montevideo. Cuando sesionó en la Argentina, en mayo último, su presidente Francisco Eguiguren recibió a una comitiva de Justicia Legítima: la presidenta de la entidad y jueza de la Casación Nacional María Laura Garrigós, el juez Slokar, el jurista Julio Maier, el procurador para crímenes de lesa humanidad Jorge Auat y el ex fiscal de la Oficina Anticorrupción Jorge Massoni. En ese momento Eguiguren prometió hacer un monitoreo de la situación de jueces y fiscales cuestionados por sus fallos en favor de los derechos humanos y en seguir de cerca el distanciamiento progresivo entre la Corte Suprema y el sistema interamericano. El proceso de toma de distancia hilvana el fallo “Fontevecchia” de febrero y la sentencia brindándole al torturador Luis Muiña el beneficio del dos por uno en mayo.
Juan Carlos Wlasic, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, historió el asunto en la reunión de Mar del Plata. Recordó que siempre hubo resistencia a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Dijo que incluso los delitos no cancelados por la Obediencia Debida y el Punto Final, como los de apropiación de chicos avanzaron fuerte recién cuando se consolidó el proceso político que liquidó las dos leyes. Añadió que desde 2015 el ritmo se hizo más lento.
Wlasic es profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Mar del Plata, donde se realizaron varios paneles con el título general de "Desafíos de la Justicia en el Estado democrático de Derecho del siglo XXI”.
“No sé si (Horacio) Rosatti y (Elena) Highton pueden pisar la Facultad de Derecho de una universidad nacional sin que los silben después de su voto en el dos por uno, y está visto que nosotros sí”, se ufanó uno de los participantes. La presencia académica institucional fue notoria por el camarista federal de Mar del Plata Roberto Falcone, que dirige el Instituto de Derecho Penal de la universidad anfitriona, y por el ex decano Pablo Slavin.
A fines de 2012 un grupo de 600 magistrados firmó un documento llamado “Hacia una Justicia legítima”, que luego daría pie a la formación de la asociación civil.
El fiscal de cámara Daniel Adler planteó en uno de los paneles que “Justicia Legítima nace como una asociación que propugna la independencia de la Justicia y de los Ministerios Públicos, no sólo de la política partidaria sino también de los grupos económicos y empresariales”. Agregó Adler que “en su momento sonó a oficialismo porque se discutía la constitucionalidad de la Ley de Comunicación Audiovisual, pero en rigor en ese momento el gobierno no remitió para la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pliego de ningún miembro de Justicia Legítima, que tenían pergaminos suficientes para ello”.
En la reunión de Mar del Plata participó el secretario general de uno de los gremios del sector, el Sindicato de Trabajadores Judiciales Agustín Bruera. La secretaria de la filial porteña, Vanesa Siley, terminó junto con Hugo Yasky como pata gremial de Unidad Ciudadana en las candidaturas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
“El derecho del trabajo abre las persianas de las fábricas para que entre la Constitución”, dijo en otro de los paneles el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert, denunciado por el ministro Jorge Triaca luego de haber convalidado un acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria con los empresarios a principios de año. Otros cuatro jueces del fuero comparten acusaciones del Poder Ejecutivo y por primera vez afrontan la chance de un juicio político por sus fallos. El propio Presidente Mauricio Macri denunció, sin aportar datos, la existencia de una “mafia” de laboralistas y jueces. Lo hizo durante un seminario organizado por el llamado Colegio de Abogados de la Capital Federal, que no es el Colegio Público y responde a los grandes estudios y a figuras del régimen militar.
Arias Gibert advirtió contra “la ostentación obscena de la fuerza”, que sería una característica del fascismo.
Slavin retomó al Carlos Marx de “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850” y habló de qué problemas se crean cuando el poder lo tiene una “aristocracia financiera”. En verdad aludía al comienzo del libro, que dice textualmente: “La que dominó bajo Luis Felipe no fue la burguesía francesa sino una fracción de ella: los banqueros, los reyes de la Bolsa, los reyes de los ferrocarriles, los propietarios de minas de carbón y de hierro y de explotaciones forestales y una parte de la propiedad territorial aliada a ellos: la llamada aristocracia financiera”. Sostenía Marx que esa aristocracia financiera “ocupaba el trono, dictaba leyes en las Cámaras y adjudicaba los cargos públicos, desde los ministerios hasta los estancos”.
“El Papa habla de dictadura financiera”, completó Slokar, que en mayo de 2016 fue recibido por Francisco en el Vaticano. “Rezo por los jueces argentinos”, le dijo el Papa mientras alentaba una reunión en Roma para discutir la reinserción de los presos y condenar el punitivismo penal.
