El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, dejó sin efecto este jueves la medida cautelar dictada por su par de Mar del Plata, Alfredo López, que suspendía la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La suspensión de Martín se da tras una apelación realizada por el Estado, donde se solicitaba la recusación de López por considerar que no podía garantizar imparcialidad en el expediente, ya que el juez de Mar del Plata había participado en marchas convocadas por sectores “celestes” y se manifestó en Twitter y en programa de televisión en contra de la despenalización y legalización del aborto.

En ese sentido, en el planteo para que López fuera recusado, Martín subrayó que se comprobaron "graves circunstancias que ponen seriamente en duda" su actuación "como juez imparcial en esta causa".

Por otra parte, en su resolución, Martín consideró que la cautelar de López suspendía "todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional".

"Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar", explicó.

Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó la resolución y aseguró que la misma es “muy importante porque implica que en todos los hospitales y centros de salud del país las interrupciones voluntarias del embarazo se pueden llevar adelante”.

“La resolución del juez Martín es coherente con lo que dice la ley y pone de resalto la gravedad institucional que significa una medida como la que pretendía el juez Alfredo López”, añadió Gómez Alcorta.

Tras los recursos de apelación y recusación presentados por el Estado nacional, se incorporaron -además- como terceros interesados en el expediente Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres, así como el abogado y el juez Gustavo Carranza Latrubesse.