La Justicia Laboral de Rosario tiene demoras de más de 16 meses para fijar audiencias. Así lo manifestaron desde la Asociación de Abogados Laboralistas, que ve con preocupación la situación del fuero. Los letrados aseguran que la solución está en sumar juzgados. "En Rosario y Gran Rosario tenemos un polo obrero grandísimo y solo diez juzgados laborales, con poco personal", advirtieron. Ello, significa "uno por cada 123 mil habitantes; cuando en Córdoba, esa tasa es de uno cada 40 mil", ejemplificaron. Los abogados aseguran que "falta decisión política", y no ven la solución en el proyecto de reforma que anunció el gobierno provincial. En ese sentido, preguntan: "¿La justicia para pobres, de qué sirve? ¿Para resolver conflictos o para fatigar al trabajador que termina diciéndonos que quiere arreglar?". Lamentan que "cada vez se pierden más puestos de trabajo"; y aseguran que hace unos años, los trabajadores demandaban para tener mejoras, pero que ahora "hay miedo a perder el trabajo". Para los abogados, la ecuación es clara: "Sobre el hambre no se negocia".

Todavía enojados con los dichos del presidente Mauricio Macri acerca de las "mafias" de la Justicia Laboral, los profesionales relataron a Rosario/12 la vorágine que significa para un trabajador encarar una demanda. Solo en 2016 ingresaron 22 mil causas al fuero. La situación es reconocida por jueces y camaristas, que no dan abasto.

El abogado Sebastián Serrano Alou aseguró que "hace muchos años la Justicia laboral está colapsada. Se ponen parches, pero al tiempo se hace el cuello de botella. Al hablar con los nuevos audiencistas ‑‑que eran secretarios de otros juzgados y fueron trasladados por disposición de la Corte‑‑, acerca de la falta de juzgados, surge también la falta de personal y de material de trabajo: desde hojas hasta computadoras y escritorios. Entran mayor cantidad de reclamos de los que cualquier juez pueda atender". Según planteó, "todo se demora desde el inicio: se sortea el juzgado y a los dos, tres o diez días debería estar todo listo para que sea notificada la otra parte; pero este año demoró hasta 40 días esa cuestión". Incluso, plantearon que "los trabajadores no le ven en su vida la cara al juez. La primera audiencia demora entre 7 y 16 meses, dependiendo del juzgado; pero en promedio, hoy se están fijando audiencias para mayo o junio de 2018. Hay mucha gente que después de un año ya no quiere saber nada".

Sebastián Spiller consideró que "si hubiera más juzgados habría menos despidos, porque la empresa va a pensar dos veces antes de hacerlo si sabe que el trabajador tiene una vía. Pero como saben la situación, saben también que el trabajador se cansa. Esta situación es sostenida por las grandes corporaciones", consideró. Y habló de las etapas previas a la Justicia que también hacen a la demora, como sucede con los reclamos que llegan al Ministerio de Trabajo, donde las audiencias "también son a muy largo plazo, incluso con los casos que llegan con acuerdo. Es la vía que encuentran los trabajadores para intentar achicar los plazos; pero ahora hasta el reclamo administrativo está demorado", lamentó.

El presidente de la Asociación, Jorge Elizondo, hizo uno de los planteos más tristes de la realidad: "En la última década, con el aumento de la ocupación había otro tipo de conflictos, que no eran tanto los despidos, sino enfermedades o accidentes de trabajo, discriminación, diferencias salariales, deficiente registro de la relación laboral y déficit de encuadramiento del trabajador, entonces había muchos procesos en los que se demandaba casi de manera colectiva. Los trabajadores se animaban a hacer ese tipo de juicio. Hoy, hay miedo de perder el trabajo. Las características de los juicios de hoy, como ocurrió en los '90, es en el que se ventilan despidos. Cada vez hay más", aseguró.

Sobre posibles soluciones, reclaman "un plan a equis cantidad de años, para ir aumentando juzgados, que se pongan metas paulatinas, como se hizo en el sistema penal, que requiere más presupuesto. Incluso en la Legislatura se cayó un proyecto para la creación de cuatro juzgados que presentó (el ex gobernador Antonio Bonfatti) en su momento", aseguró Juan José Galera.

Elizondo fue claro: "Concluimos que no hay interés político en que esto se resuelva. No es un gran problema de logística ni de presupuesto. Es una estructura más chica que la necesaria en lo penal", dijo. Con los diez secretarios que se agregaron este año, consideran que solo se mejoró en la organización de las audiencias. Pero, lamentaron que "cada vez les van sumando más tareas y faltan recursos".

En ese contexto, recordaron que son ellos los que tienen que decirle a los trabajadores que la resolución de su conflicto puede demorar entre 3 y 4 años. "La imagen que tienen de la Justicia es la que damos nosotros, y parece que estamos reproduciendo día a día esta justicia", lamentó Elizondo. "Creemos que el proceso completo no tiene que durar más de seis meses. No es un imposible".

Para el letrado, el proyecto de reforma que llegará a la Legislatura en los próximos días "no resuelve el problema fundamental". Y agregó: "Creemos que el proceso debe ser demanda, audiencia de conciliación (no obligatoria); y no, demanda, contestación de demanda y después la audiencia. Lo primero que hay que hacer es llamar a esa audiencia y que ahí mismo se conteste la demanda, se decida sobre peritos y todo. Hay un montón de obstáculos y cuando hacen una reforma lo transforman más en un proceso civil, que no es". Spiller agregó: "Creemos que la única solución posible es que haya más juzgados".

Con ese planteo coincidió el abogado de la UOM, Pablo Cerra, quien participó de las reuniones previas al proyecto de ley que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia presentará en la Legislatura. Para el letrado, el debate no se cerró y ello generó malestar. En ese sentido, insistió con que la creación de juzgados no es de gran presupuesto y que "podría autofinanciarse si se controla el pago de sellados".