El diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade buscará llevar a juicio a su par opositora Graciela Ocaña por haber denunciado y frenado el Plan Qunita al tiempo que presentó un pedido de informes para "conocer el total de bebés fallecidos" por la suspensión del programa y el envío de los kits para recién nacidos a un depósito.
"La denuncia de Ocaña estuvo basada en información totalmente falaz y su presentación fue producto de una deliberada maniobra para impedir los resultados exitosos del programa en función de evidentes expectativas electorales", argumentó el legislador y lanzó: "¿Es la denunciante completamente consciente del inmenso daño causado a los miles de niños y niñas que podrían haber sido beneficiarios de este kit?".
A fines de junio, la fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del Plan Quintas por inexistencia de delito. Entre los acusados estaban el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak.
En ese sentido, tras enumerar las presuntas falencias que Ocaña denunció sobre los kits para recién nacidos, Tailhade señaló: "Los peritos consideraron por unanimidad que el material cumplía los objetivos y que tampoco existían fundamentos para los supuestos sobreprecios denunciados".
Para el diputado, "quedó demostrado que desde el comienzo hubo una voluntad política por parte del sector conservador" en contra del programa "que lo único que hizo fue desprestigiar el mismo a través de vías judiciales y mediáticas".
"Pongo a consideración de este cuerpo este proyecto y solicito a los/las diputados/as que me acompañen a fin de que conozcamos de manera concreta el daño producido por las acusaciones falsas contra una política pública que tenía objetivos sumamente nobles", señaló.
El programa
El Plan Qunita consistía en la entrega de kits para recién nacidos de familias de bajos recursos. Buscaba "tratar de bajar los índices de muerte súbita en lactantes, siendo esta una de las cuatro razones más importantes de mortalidad post neonatal", explicó Tailhade.
La práctica del colecho, es decir, cuando el bebé duerme en una cama familiar, es la principal causante. "Lamentablemente, muchas veces no es una opción sino que es una práctica obligada por no contar con los recursos económicos necesarios para proveer al lactante una cuna propia", indicó en el texto.
Y dijo a AM750: "Estoy pidiendo informes sobre la cantidad de bebés fallecidos desde la interrupción del plan Qunita. También datos oficiales sobre la cantidad de lesionados a partir de esta circunstancia".
Lanzado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015, duró seis meses y estaba destinado a beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de Anses. Se les entregaba un kit con 30 elementos entre los que estaba un moisés, ropa para el recién nacido y elementos cotidianos como chupete, babero, entre otros. El programa preveía 150 mil entregas.
La causa
En 2016, ya bajo la gestión de Mauricio Macri, la entonces legisladora de la ciudad de Buenos Aires y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña denunció presuntas irregularidades en la compra de los kits y advirtió en base a un informe del INTI que los moisés eran "inseguros" para los recién nacidos. La causa quedó en manos del juez Claudio Bonadio, que en noviembre de ese año procesó y envió a juicio a 18 personas, entre los que había exfuncionarios y particulares de las empresas involucradas.
La denuncia fue en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El plan fue suspendido y los kits sin entregar se tiraron en un depósito. Bonadio incluso ordenó la destrucción de las cunas, pero nunca se ejecutó. En junio de 2017, se dispuso que, excepto moisés y frazadas, el resto de los elementos sean donados.
La fiscal Baigún repasó la instrucción y advirtió: "La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito", sostuvo la fiscal en el dictamen al que accedió Télam.
