La aprobación de las modificaciones a la ley de Catastro y al Código de Edificación de la sesión pasada en la Legislatura porteña tiene un impacto en todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo por el avance de proyectos que impulsan desarrolladores privados en zonas costeras.
La oposición, encabezada por el Frente de Todos de Capital, sigue adelante con la recolección de firmas para que Costa Salguero no tenga un destino de barrio náutico, un proyecto que, según publicó el diario La Nación, está pensado como "el próximo barrio de impronta joven" en la Ciudad.
"Estos emprendimientos vienen a modificar lo que significa el intercambio con el río. Por eso caló tan hondo en la gente su rechazo, y también porque está presente lo ambiental", aseguró el diputado Javier Andrade, del Frente de Todos de Capital.
"Tenemos que juntar 40.000 firmas entre los habitantes de la Ciudad para derogar la ley que se aprobó para su venta, la semana pasada", dijo el legislador durante un diálogo en vivo realizado por las redes sociales, donde además explicó que la recolección de firmas servirá para que se impulse la creación de un parque público.
"Venimos bien. Hay una sociedad sensibilizada, hay una iniciativa popular", aseguró el vicepresidente del Bloque por el Frente de Todos.
La junta de firmas seguirá en todo lo que resta de este año: "Ya estamos rondando las 30.000 firmas, se va a lograr ingresar este proyecto".
Según Andrade, "no es que nosotros estamos en contra" de construir, pero "la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes estables desde 1947 hasta hoy y lo que creció fue la población en villas y asentamientos, un 50% en los últimos años. Y esto muestra un modelo de Ciudad desigual: casi el 65% de lo que se construyó fueron viviendas lujosas, que encarece el suelo y hace que nos cueste más el acceso a la vivienda".
En tal sentido, el legislador expresó que "es evidente que decidieron avanzar con los negocios sobre las tierras de la Costanera en contra de la opinión de la mayoría de los porteños, y el fin es profundizar un modelo de Ciudad excluyente y expulsivo".
Por último, Andrade aseguró que las reformas al Código Urbanístico y de edificación van "muy en contra de todo el avance que se había hecho en la normativa respecto de las reformas para las personas con discapacitadas. Ahora no se exigen".