La jueza Marta Cirulli dejó en suspenso el proceso de quiebra de Correo Argentino luego de que el Grupo Socma, el holding de la familia Macri, apelara la decisión de la Justicia.
"En atención a lo resuelto el 6.1.2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa, me encuentro constreñida - por sobre cualquier otra interpretación - a observar el mandato jurisdiccional referido", argumentó la magistrada.
Y continuó: "Por lo tanto, y en consonancia con el temperamento seguido el 25..3.2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho (LCQ 273, inciso 4) debiendo elevarse oportunamente al Superior con nota de estilo".
La causa
El pasado 6 de julio Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino tras dar por fracasado el proceso de salvataje cuando rechazó una nueva propuesta de la empresa postal no satisfizo el interés del Estado Nacional ya que sólo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero que no abarcaba el valor actual de la misma.
El proceso permitía la posibilidad de que queden expuestas todas las operaciones irregulares que pudieron haber ocurrido en más de 20 años, que fueron denunciadas por las fiscala de Cámara Gabriela Boquin. La decisión se dio en medio de presiones mediáticas por parte de Macri por una carta que publicó en la que denunció "persecución política" a él y sus hijos.
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anunció un día después de la declaración de quiebre que el Gobierno pediría la extensión del proceso al Grupo Socma y el resto de las firmas accionistas.
No obstante, según publicó Página/12 la sala B de la Cámara Comercial cedió ante un pedido de Socma y mandó a la Corte Suprema el expediente para que resuelva si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) tiene competencia para meterse en el caso por la ventana.
Correo Argentino SA mantiene una deuda con el Estado nacional desde 2001. Se trata de una obligación que la empresa, propiedad de la familia de Mauricio Macri, contrajo mientras tenía la concesión del Correo entre los años 1997 y 2003.
