La Cámara de Senadores aprobó este jueves por la tarde el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.
La iniciativa recibió 56 votos afirmativos, cinco negativos y una abstención en la Cámara alta.
"Me siento muy cómodo analizando, tratando y aprobando esta ley porque viene a cerrar parte de un circuito con carácter productivo. Este tema llega en un momento de necesidad de puestos de trabajo", señaló el senador Alfredo Luenzo.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti aseguró que la iniciativa permitirá aprovechar “la gran potencialidad que tiene el cannabis en todas sus variantes y en varias áreas del desarrollo humano” y apuntó que la misma se evidencia “no solo desde el punto de vista productivo y medicinal sino también ecológico”.
En contraparte, uno de los senadores que votó en contra fue Alberto Edgardo Weretilneck, de la provincia de Río Negro. "Yo no estoy de acuerdo en sumarme a ese mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. La marihuana ya ha sido calificada como perjudicial y dañina, algunos hablan de cannabis para que parezca una version atenuada", manifestó.
Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
