El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó este viernes a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente, Mauricio Macri, por presunto "contrabando agravado" en el marco de la causa que investiga el envío de armas a Bolivia.
El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.
También habrían sido imputados el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería Gerardo Otero, el exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
El escándalo por el envío de armas a Bolivia se desató la semana pasada, luego de que el gobierno boliviano que preside Luis Arce revelara que días después del golpe de Estado a Evo Morales, en noviembre de 2019, la administración de Macri mandó municiones que habrían sido utilizadas para reprimir las protestas sociales de aquellos días.
Este jueves, autoridades de la policía boliviana confirmaron el hallazgo de más de 29 mil elementos que podrían formar parte del envío irregular de material represivo de la gestión de Cambiemos durante noviembre de 2019.
El comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, dijo por AM750 que el material represivo encontrado en depósitos de la institución no cumplía con "ninguna formalidad" y detalló que se trata de más de 29 mil elementos que podrían formar parte de lo provisto por el gobierno de Mauricio Macri a Bolivia.
El caso se conoció días atrás cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el Gobierno de Macri envió material antitumulto a ese país, que fue utilizado para reprimir las protestas sociales ocurridas durante el atropello institucional cometido contra Morales.
Tras la revelación del Gobierno boliviano, el presidente, Alberto Fernández, y varios de sus ministros denunciaron esta semana ante la Justicia a las autoridades del Gobierno de Macri por el envío de esos cartuchos de escopeta y gases lacrimógenos.
