El gobierno de Tierra del Fuego anunció este martes en su cuenta de Twitter la formalización de una denuncia realizada por su parte contra una empresa británica por iniciar, de manera ilegal, la construcción de un puerto en la capital de las Islas Malvinas, Puerto Argentino/Stanley.
Se trata de la constructora británica BAM Nuttall -que forma parte del grupo Royal BAM-, que habría comenzado a trabajar sin la autorización de la provincia. Cabe destacar que, dentro del reclamo de soberanía sobre las Malvinas, las mismas corresponden al territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; pero, además, se trata de territorio marítimo.
La denuncia fue realizada por la Secretaría provincial de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales ante la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, organismo que debe garantizar la aplicación de la Ley Provincial Nº 55 de preservación del medio ambiente en la provincia.
"El hecho de que momentáneamente se encuentren invadidas por el Reino Unido, de ningún modo impide que podamos accionar contra aquellos que incumplan las leyes", afirmó el secretario provincial de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary.
La firma aseguró que fue contratada por el actual gobierno de las islas, considerado ilegítimo por parte del Estado argentino, para realizar la construcción de un puerto que, según explica la denuncia, tampoco cuenta con la intervención correspondiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia.
Asimismo, la ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, advirtió que "a partir de ese momento la empresa tendrá un plazo perentorio para responder y en función de lo que suceda la legislación es clara y abre un abanico de acciones legales".
Gustavo Mellela, gobernador de Tierra del Fuego, aseguró que el Estado británico (que ocupa el territorio malvinense desde 1833) busca generar en dicho puerto un punto de soporte logístico para avanzar con la expoliación de los recursos naturales del territorio que, junto con el turismo, son la principal fuente económica del archipiélago (pesca e hidrocarburos).
