El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo hoy que la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuesta por el Gobierno de Mauricio Macri se realizó de manera ilegal, y confirmó que el gobierno pedirá la anulación de ambas concesiones pero aclaró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato.

“Hemos terminado la auditoría. Estamos haciendo las presentaciones judiciales y solicitando la anulación de esa concesión por 30 años y la investigación de la comisión de delitos. No hay dudas de que había allí una decisión muy clara que era usar al Estado para beneficios e intereses privados”, aseguró el funcionario en declaraciones radiales.

Las irregularidades

El contrato de concesión de los accesos Norte y Oeste, a cargo de Autopista del Sol (Ausol, empresa de la que Macri y su familia fue propietaria hasta 2017), había sido extendido hasta el 2030 mediante un decreto firmado por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti; junto con el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El ministro indicó que “el contrato establecía una vigencia hasta 2018 y por decreto, fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo, se les otorgó una prórroga por diez años”.

Además Katopoodis afirmó que la prórroga se otorgó “al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares".

"Se les reconoció una deuda de más de 700 millones de dólares con una actualización del 8 por ciento anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento que lo demuestre”, agregó.

La extensión de la concesión de ambas autopistas generó polémica por la participación comercial de la familia de Mauricio Macri como accionistas de Ausol hasta mayo de 2017.

De hecho, frente a las sospechas de negocios incompatibles con la función pública, el expresidente no firmó el decreto, aunque como primer mandatario avaló una extensión de concesión que quedó en la mira de la Justicia.

Los próximos pasos

Katopodis dejó en claro que, tras la investigación realizada por el Ministerio, la Justicia deberá determinar si corresponde o no una rescisión de contrato.

En caso de se anule el contrato, el gobierno podría avanzar hacía una estatización del servicio. En julio pasado, el diputado nacional por el Frente de Todos, Facundo Moyano, presentó un proyecto de creación de una empresa estatal para administrar la autopista Panamericana y el Acceso Oeste, únicas dos vías del área metropolitana que hoy permanecen en manos privadas.

El proyecto plantea la posibilidad de que el Estado pueda tener un importante porcentaje, pasando a ser dueño de las autopistas y, además, prevé que el sindicato de trabajadores de peajes también tenga una parte.