El embajador de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia, confirmó hoy que "se verificó" la veracidad de las pruebas que incriminarían al Gobierno de Mauricio Macri por el envío de material represivo tras el golpe de Estado contra Evo Morales, ocurrido en noviembre de 2019.
"Los funcionarios del anterior Gobierno argentino deberían reconocer mínimamente que algo que sucedió en relación al envío de armas. Están disfrazando con otro tipo de noticias un hecho flagrante”, indicó el embajador.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Plurinacional de Bolivia presentarán hoy su informe final sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen de facto de Jeanine Áñez que desplazó a Morales del poder.
"Se están haciendo los peritajes correspondientes para determinar la causa de fallecimiento de los bolivianos muertos en las represiones de Sacaba y Senkata", señaló el Tapia en declaraciones a Radio 10, donde ratificó que se busca establecer si las víctimas de esas represiones recibieron impactos de armas y elementos represivos enviados desde la Argentina u otros países.
Macri rechazó las acusaciones
En una entrevista con la señal TN, Mauricio Macri habló sobre la denuncia de contrabando de armas a Bolivia y volvió a mostrarse mostrarse como víctima de una persecución. “Bolivia, un contrabando que nunca existió en un golpe que nunca existió según la OEA y la Unión Europea”, dijo el expresidente
Un oficial de la Fuerza Aérea boliviana reveló que le ordenaron recoger 40.000 cartuchos antitumulto
La investigación por el contrabando a Bolivia de material represivo sumó este domingo un nuevo documento que podría constituirse como prueba en la causa judicial, al conocerse una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana en la que reconoce que el 13 de noviembre de 2019 se le ordenó "recoger" 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde Argentina.
El documento, difundido por Página/12 está firmado por el jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto de la FAB, Wilfredo Chura Condori, y detalla que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto "40.000 municiones antitumulto calibre 12/70, 50 granadas de gas de tipo CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4".
Las claves del contrabando
- El 11 de noviembre de 2019, la Gendarmería pidió llevar a Bolivia 3600 balas antitumulto para proteger la embajada y la residencia del embajador por la situación de inestabilidad que se vivía en el Estado Plurinacional.
- Al día siguiente, la fuerza que conducía Gerardo Otero solicitó llevar un “complemento” del armamento y pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevar 70.000 balas de goma --20 veces más de las que inicialmente había estimado que sería necesario--.
- Ese 12 de noviembre de 2019, hubo una reunión en la Casa Rosada en la que participó la primera plana de Seguridad, con Bullrich a la cabeza, y el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. El jefe de la Gendarmería, Otero, acudió al encuentro con un asistente personal. Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo también tuvieron un rol a la hora de autorizar los viáticos de los gendarmes que se iban a trasladar a Bolivia.
- Macri, por su parte, se reunió con el entonces canciller Jorge Faurie. Ese día, Faurie mandó una nota a Bullrich y al ministro de Defensa Oscar Aguad pidiendo que enviaran una comitiva de Gendarmería para proteger a los diplomáticos argentinos en Bolivia. Para el 12 de noviembre, ya estaba definido el viaje. Prueba de ello es que ya el día anterior habían arrancado las autorizaciones ante la ANMaC.
- Una hora después de que Bullrich salió de la Casa de Gobierno, el entonces jefe del Grupo Alacrán Fabián Salas envió un fax a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para avisar que llevarían las 70.000 balas en el Hércules C-130 que iba a trasladar al primer contingente de gendarmes.
- El Hércules partió a las 23.40 del aeropuerto de El Palomar. Llevaba once gendarmes y trece integrantes de la FAA como tripulación. La carga era de 2500 libras. En el manifiesto de carga, no estuvieron declaradas las 70.000 balas antitumulto.
- De las 70.000 balas, 40.000 quedaron en poder de la FAB. Un efectivo de esa fuerza, Wilfredo Chura Condori, informó que le ordenaron en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 pasar a retirar el cargamento del hangar de la Fuerza de Tarea Aérea (FTA) Diablos Negros, donde estaba estacionado el avión argentino. Chura Condori inventarió lo recibido. Horas más tarde, el entonces comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara envió una carta al embajador Normando Álvarez García en agradecimiento por el envío. Cuando apareció la misiva --y fue revelada por este diario-- se desató el escándalo por el envío de armas.
- Otras 26.900 balas terminaron en poder de la Policía de Bolivia. Esos cartuchos se encontraron en un depósito policial sin haberse usado y se halló un inventario que confeccionaron unos mayores el 13 de noviembre de 2019, cuando las recibieron.
- A la Policía de Bolivia le entregaron los proyectiles en la residencia argentina, según surge del sumario interno de esa fuerza, el mismo día en que llegaron los gendarmes a La Paz. Cuando pidieron un “desglose” de la entrega, les respondieron que había sido acordado por los “altos mandos”y que serían ellos quienes informarían los detalles.
- El 13 de noviembre de 2019, el jefe de la Gendarmería, Otero, envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires. Estaba destinado al comandante de la Policía de Bolivia. Una posibilidad es que ese desglose estuviera allí.
- La FAB dice que la embajada argentina, que lideraba Álvarez García, estuvo a cargo de los trámites aduaneros cuando llegó el Hércules C-130. El exembajador dijo que pudo haber existido un “circuito paralelo” para las municiones.
- La Policía de Bolivia identificó al agregado de Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, como quien gestionó la entrega del material represivo.
- De las 70.000 balas que salieron en la medianoche del 12 de noviembre de 2019 no volvió ni una sola. La Gendarmería informó que habían sido gastadas en entrenamientos. Sin embargo, a esta altura está claro que eso no fue así. Además, el Grupo Alacrán no utiliza armamento antitumulto, lo cual sería aún más extraño que se entrenara para su empleo.