Distintas voces en representación de los usuarios fustigaron ayer de manera homogénea la propuesta de aumentos de tarifa que elaboró Aguas Santafesinas SA y que se discutió en la audiencia pública celebrada en la sede de la UNR. La empresa busca consenso para aumentar 38 por ciento en el primer bimestre de 2017, y luego tres aumentos más de 11% cada uno, lo que acumularía al final del año un 89%. Los treinta oradores atacaron con matices la magnitud del incremento pretendido y también el estado actual del servicio. La próxima jornada será el jueves en Casilda, y el 29 en Santa Fe.
De nada valieron ayer las explicaciones del presidente del directorio de Assa, Sebastián Bonet, quien refirió al déficit operativo de 600 millones anuales, a la inflación y al impacto de la devaluación sobre los insumos dolarizados. El funcionario también advirtió el objetivo de optimizar la facturación, para lo cual se propone generalizar la medición del consumo, hoy presente sólo en el 31 por ciento de los usuarios pasibles de ser medidos. Además, planteó que dentro de un año, ya con todo el aumento aplicado (en caso de prosperar) el 66 por ciento de los 720.000 clientes de Assa pagaría menos de 320 pesos por bimestre.
"No hay justificación técnica ni económica ni jurídica ni política para semejante ajuste tarifario que quintuplica la inflación estimada", cuestionó el diputado provincial Rubén Giustiniani, uno de los treinta oradores de la jornada.
Desde la Multisectorial contra el Tarifazo, Juan José Sisca, Juan Milito y Juan Alcaraz calificaron la pretensión de la empresa como "ilegal e ilegítima", "indefendible" y "exorbitante".
Un ex director del Enress, Alberto Muñoz, ahora en la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló como contradicción que Assa propone un aumento de 89 por ciento mientras que la inflación estimada del gobierno provincial en su presupuesto 2017 es de sólo el 17 por ciento.
Un detalle que no pasó desapercibido fue la escasa concurrencia de público en general, fuera de la lista de oradores.
La Red Argentina de Consumidores (RAC) también rechazó la suba de los servicios sanitarios. Su responsable, Christian Galindo consideró que "antes de debatir cualquier ajuste de tarifas previamente el Estado provincial debe generar las condiciones para propiciar un debate amplio sobre un nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios, derogando la Ley Nº11.220 pensada para un prestador privado y salir de una vez por todas del modelo de prestación transitoria prorrogado sucesivamente sin justificación".
Un detalle que no pasó desapercibido fue la escasa concurrencia de público en general, fuera de la lista de oradores, dado que la asistencia estaba abierta para cualquier ciudadano en calidad de oyente. Ante ello, Juan Marcos Aviano, de la ONG de derechos del consumidor Cesyac, interpretó: "La gente no viene a las audiencias porque sabe que nadie escucha a los usuarios".
