La Legislatura porteña ratificó este jueves en primera lectura, con 37 votos a favor y 20 en contra, el convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA S.A. para avanzar con un desarrollo urbanístico en la Costanera Sur.

La medida contó con el acompañamiento de Vamos Juntos, PS y UCR; y el rechazo de Frente de Todos, PTS, FIT y AyL. Al haberse aprobado en primera instancia la iniciativa, se realizará una audiencia pública dentro del plazo de 30 días para su eventual rechazo o ratificación.

Según sostiene la oposición, sería el "primer barrio privado" de la Ciudad de Buenos Aires, requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada a Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

El encargado de abrir el debate fue el diputado Daniel Eduardo Del Sol, quien planteó que “sin dudas va a potenciar la Ciudad, con incorporación de más espacios verdes y espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de un área costera que hoy por hoy se encuentra fuera del acceso de la población”.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña, Claudia Neira (FdT), sostuvo que el proyecto no tuvo giro a la comisión que preside. "Según el artículo 128 del reglamento y el artículo 27 de Constitución de la Ciudad está claro que es materia de la comisión. Estamos hablando de la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras", sostuvo la legisladora en su intervención.

"¿Por qué construir en ese lugar? ¿Por qué construir torres que solo pueden construir tres constructoras en detrimento de cientos de constructoras que están peleando y esperando un incentivo del Estado? Mientras el Estado le da este incentivo, esta norma que beneficia en millones de dólares a una empresa como IRSA y a tres empresas grandes constructoras que tienen esa capacidad de construir esas torres. ¿Nos preguntamos todo esto?", enfatizó Neira.

Por su parte, Amanda Martín (FIT) afirmó que “esta Legislatura es una verdadera escribanía al servicio de los negocios inmobiliarios, este proyecto en particular es importante porque es el más grande que se ha tratado aquí. Lo que se quiere hacer es un Puerto Madero dos que, encima, se va a hacer en un humedal, cuando en los últimos días hubo movilizaciones para defenderlos”.