En el segundo juicio oral contra el exjefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, la Fiscalía lo acusó de formar parte de una "empresa criminal conjunta" para la "comercialización de estupefacientes". Su presunta participación se destapó durante una investigación a otro de los que están sentados en el banquillo, el sindicado narco de Villa Cañás, Carlos Ascaíni. También le endilgan vínculos con Aldo "Totola" Orozco, de Firmat. La imputación de los fiscales Adriana Saccone y Federico Reynares Solari apunta a demostrar que el tráfico de drogas en el departamento General López se hacía con "anuencia, participación y conocimiento" de reparticiones de la policía provincial, encargadas de perseguir ese delito. En ese sentido, se le atribuye a Tognoli prestar "colaboración fundamental" en base a un presunto acuerdo; por eso, fue sindicado como parte del tráfico de estupefacientes, y no solo como encubridor. En esa misma "empresa", a la que apuntan los acusadores, aparecen los policías Néstor Fernández, Carlos Quintana y Oscar Ledesma. Catorce de los acusados llegaron al juicio en prisión; y otros 13, en libertad. Entre los presos está Tognoli, quien ya tiene una condena a seis años de prisión, por el delito de encubrimiento, dictada en la ciudad de Santa Fe, en 2015, en una causa similar. El policía fue jefe de la división antinarcóticos durante el gobierno de Hermes Binner, y ascendido a jefe de Policía, en la administración de Antonio Bonfatti, en 2011. En octubre de 2012, renunció a su cargo luego de que Página/12 revelara la existencia de una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo involucraba en la trama de narcotráfico.

Una hora más tarde del horario fijado, el Tribunal conformado por Beatriz Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci ingresó a la sala del Tribunal Oral Federal Nº 2 y la audiencia comenzó con planteos de las defensas. El Tribunal hizo saber que la etapa de producción de la prueba (con 200 testigos) comenzará luego de la feria judicial de invierno.

Además de Tognoli, el juicio se realiza con otros tres policías en el banquillo: el excomisario Fernández, a cargo de la Brigada Operativa Departamental VIII; el ex cabo, Quintana; y el comisario retirado, Ledesma (acusado de omitir denunciar la situación que conocía).

Según la requisitoria de elevación a juicio que confeccionó el fiscal Mario Gambacorta, la protección que Tognoli, Fernández y Quintana le brindaron a Ascaíni (desde 2009) consistía "no sólo en liberar la zona, sino también en facilitarle información que le permitiera evadir" a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Entre la prueba se darán a conocer informes y escuchas. Uno de los elementos más fuertes es un llamado que Ascaíni -quien "hacía alarde" de sus contactos policiales- hizo a la comisaría de Villa Cañás, en septiembre de 2009, para preguntar por una camioneta blanca que lo seguía. Para averiguar de quién se trataba, se utilizó una clave de seguridad, acción que la Fiscalía le atribuye a Tognoli y otros jefes policiales que tenían acceso a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor (RNPA). La acusación expresa que Ascaíni fue avisado sobre quién lo seguía. Así se frustró el procedimiento de la PSA aquel día.

Ayer, en las puertas del Tribunal, el abogado de Tognoli, Néstor Oroño, dijo que su cliente "no usaba ni sabía cómo era esa clave. No fue él quien la usó, ni ayudó a las personas que dicen". Para la defensa de Ascaíni, se trata de "una causa armada en un contexto político, sin sustento probatorio", dijo el abogado José Nanni.