Doce trabajadores rurales fueron rescatados como resultado de un allanamiento realizado el 1° de septiembre en un campo llamado “La Negrita”, ubicado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y en la causa interviene la Fiscalía de Primera Instancia de esa ciudad a cargo de Josefina Minatta.
Las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban viviendo en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse. Tampoco contaba con energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios. Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”: allí había troncos y maderas para hacer fuego.
Por otro lado, en inmediaciones de las carpas se encontraron nueve machetes, tres motosierras, seis hachas y dos palas. En un lugar más alejado, dos camiones Mercedez Benz, dos acoplados, una máquina marca Fiat utilizada para levantar postes de gran dimensión y peso y un tanque cisterna, todo ellos sin medidas de seguridad.
Al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz, quien quedó detenido, tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad.
La investigación se inició el 31 de agosto, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional Concordia. En esa oportunidad, el hombre detalló que, junto a otras nueve personas, se encontraban trabajando “de sol a sol” en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable.
Además, señaló que el pago acordado con el capataz era de 200 pesos la hora o 65 pesos por poste por trabajos como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Explicó que, sin embargo, nunca percibieron suma alguna y que les informaron que, cuando cobraran, les descontarían la mercadería consumida en el lugar.
Por otra parte, el denunciante agregó que el capataz contaba con armas de fuego que utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si planteaban la posibilidad de tener algún descanso.
