Desde Santa Fe
Fracasó la licitación para reprivatizar la autopista Rosario-Santa Fe. Lo confirmó ayer el ministro de Infraestructura José Garibay al anunciar que la única oferta, que era la del consorcio vial integrado por Supercemento y Edeca, "no es satisfactoria" para el gobierno, lo que significa que no se abrirá el sobre 2 con la propuesta económica. Garibay adelantó que está en marcha el plan B: Vialidad Provincial se hará cargo del corredor, pero cedería su administración, el mantenimiento y el cobro del peaje a un fideicomiso: la empresa BMR Mandatos y Negocios SA que forman el Banco Municipal de Rosario (99 por ciento del capital) y la Municipalidad de Rosario (uno por ciento). Según el ministro, esta semana, el gobernador Miguel Lifschitz "va a tomar la decisión política" que demandaría un acuerdo de la Legislatura.
Una de las causas por las que el gobierno desistió de reprivatizar la autopista es el costo del peaje. El plan del oferente era un aumento explosivo de la tarifa, de 20 a 50 pesos.
Garibay dijo que la "oferta" del consorcio Supercemento‑Edeca "no nos satiface". Y ante "el planteo que han hecho nuestros propios legisladores del Frente Progresista", que consideran "importante" que la autopista pase al Estado, "atento a que no hay inversión privada, esta semana el gobernador va a tomar una decisión: si seguimos con la concesión o si finalmente establecemos un modelo de gestión pública a través de un fideicomiso", explicó.
-‑Entonces, ¿no se abrirá el sobre dos de la licitación? -planteó una colega.
-‑Exactamente, no se abriría el sobre dos a partir de que se confirme esta alternativa que estamos evaluando.
El ministro desestimó un nuevo llamado a licitación. "Evidentemente, el proceso de concesión que habíamos licitado no generaba mucho atractivo porque no hay una inversión privada", es sólo el gerenciamiento que "estas condiciones lo podría hacer el Estado provincial, que es lo que vamos a resolver esta semana", contestó.
-‑Obviamente, en cualquier situación está planteada la continuidad del personal (que son 250 trabajadores) ‑contestó.
A fines del año pasado, Garibay negoció la extinción del contrato con Arssa y le condonó la obligación de repavimentar las dos calzadas. Lifschitz firmó el decreto 5194 el 30 de diciembre. Después, el ministro suscribió un "acuerdo precario" con la concesionaria para que opere el corredor por otros seis meses hasta tanto se defina la licitación. El plazo vence el 30 de junio. Pero, ahora, ante la caída del proceso licitatorio, Garibay volvió a pedir que Arssa se quede hasta el 30 de julio. El consorcio aceptaría con la condición de que sea "por única vez".
