El proyecto de “ley de libertad religiosa” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a principios de este mes (con las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la recientemente renunciada ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra) busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos ciudadanos y lo público.

El texto propone extender la inembargabilidad de los lugares de culto a todas las religiones reconocidas por el Estado –hasta ahora, ese es un privilegio exclusivo de la Iglesia católica–. Además, establece el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario”, por el cual “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”. En todo caso, señala, “el objetor debería ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”. Además, propone “el libre acceso a lugares de internación, detención o cuarteles” a ministros de todos los cultos, algo que ahora es exclusivamente prerrogativa de la Iglesia católica –y que se sirvió de privilegios como ese para, por ejemplo, acceder a datos privados de mujeres que estaban a la espera de abortos no punibles para escracharlas–. 

El texto también considera a los cultos como “entidades de bien público” de manera automática, y las considera para “el goce de exenciones o beneficios previstos en las leyes tributarias”. Uno de los artículos, además, protege “el derecho de las entidades religiosas o de las instituciones con un ideario confesional de exigir a sus miembros, voluntarios o empleados que ajusten su conducta a su doctrina a los principios religiosos o morales de la institución y de hacer uso razonable del derecho de admisión y exclusión”.