El fiscal de Santa Rosa Jorge Bonvehi solicitó una condena de cinco años para el intendente en funciones de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, y para el ex jefe de la policía de esa localidad, Carlos Alanís, por el delito de trata de personas. Además, el fiscal pidió la misma pena para el dueño del cabaret “GoodNight”, que funcionaba hace más de quince años en ese pueblo de 1500 habitantes habilitado como salón bailabe. En 2009, cuando seis mujeres denunciaron haber sido captadas en Lonquimay por una red de trata con complicidad estatal, Rogers aseguró a un medio local que los prostíbulos son “un lugar de esparcimiento espiritual” y dijo no saber si en los cabarets hay trata de personas “ya que son lugares de códigos”.

El fiscal Bonvehi no dejó dudas en su alegato: los dos partícipes necesarios para que exista la trata de personas en la localidad de Lonquimay –a 70 kilómetros de la capital pampeana– fueron su propio intendente y el exjefe de la policía local. Bonvehi recordó que la investigación, iniciada en 2009 por la denuncia de seis mujeres, comprobó que el intendente de Lonquimay habilitó el funcionamiento del cabaret “GoodNight” y firmó las libretas sanitarias que se exigían a la “alternadoras” de ese lugar. Además, el fiscal indicó que Rogers tuvo llamadas cruzadas con el dueño del prostíbulo, Carlos Fernández. “Rogers sabía que allí se ejercía la prostitución, colaboró y facilitó la comisión del delito, porque es más que evidente que no podía ignorar la actividad”, indicó el fiscal.

En cambio, el encargado de la tarea de “sumisión” de las víctimas, era el subcomisario Alanís. Bonvehi explicó que, al ver a Alanís reiteradas veces en el prostíbulo, las víctimas de la red de trata no podían acudir a la policía para pedir ayuda. Según la reconstrucción del fiscal, nueve mujeres –sólo tres declararon en el juicio– habían sido captadas “en una falsa oferta laboral y estaban en una extrema vulnerabilidad social”.

Los otros dos imputados de la causa, Eduardo Fernández y Brian Saxs, hermano del dueño de “GoodNight” y empleado del local, respectivamente, fueron señalados por Bonvehi como “partícipes secundarios” por ser los encargados del local en el que explotaban sexualmente a las mujeres, y el fiscal pidió penas de dos años para ellos. 

El juicio se lleva adelante en Santa Rosa, en el Tribunal Oral en lo Criminal de La Pampa, compuesto por los jueces Marcos Aguerrido, Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava. Antes del alegato del fiscal, el dueño del cabaret pidió declarar en indagatoria. Allí, Fernández intentó desligarse de la acusación de trata, y dijo que “los pases” estaban a cargo de las “coperas” y que, “si había prostitución, eso sucedía cuando cerraba el local”. Sin embargo, luego del testimonio de las denunciantes quedó acreditado en el juicio que los “pases” con los “clientes” se hacían en las mismas habitaciones donde dormían las mujeres que estaban en el cabaret.

“El cabaret es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento. Acá no hay alternativas de esparcimiento”, había dicho Rogers, al momento de conocerse la denuncia, en 2009. Si bien no quiso contestar preguntas durante el juicio, el intendente aún en ejercicio de Lonquimay se defendió en conferencia de prensa: “tuve tres gestiones con crecimiento en votos, en un pueblo de 1700 habitantes donde el desgaste es otro”, dijo. “Me votó gente de distintas ideologías, ahí se gana por la persona, todos sabemos quien es quien”, resaltó el integrante del Partido Justicialista (PJ).