La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro de “anular la sentencia absolutoria” de los tres detenidos inicialmente como responsables del crimen del joven Atahualpa Martínez Vinaya, cometido el 15 de agosto de 2008 en Viedma. La Corte rechazó la queja presentada por la defensora general, María Rita Custet Llambí, al STJ rionegrino, que había anulado la absolución de los acusados del crimen, Belén Fernández Barrientos, su pareja Carlos Morales Toledo y Felipe Carrasco. La absolución había sido resuelta en el juicio oral desarrollado entre los meses de agosto y octubre de 2014 por la Cámara rionegrina con el voto rector del entonces juez Juan Bernardi, hoy destituido y condenado por corrupción de menores. Pero, el 14 de abril del año pasado, el STJ anuló el fallo y ordenó que se reabra la causa con la incorporación como prueba de una campera con ADN que fue secuestrada en el domicilio de uno de los acusados y que había sido desechada en el juicio oral.
El fallo, contó con los votos afirmativos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, con la abstención del juez subrogante Gustavo Guerra Lavayén.
Ahora, la resolución del máximo tribunal nacional abrió la posibilidad de un nuevo juicio oral y ordenó que “continúe la sustanciación de la causa con distinta composición de magistrados”.
“La etapa de instrucción no fue cuestionada por lo que es posible ampliar la prueba”, indicó hoy a la prensa la abogada Julia Mosquera, representante de la familia de la víctima. Atahualpa Martínez Vinaya (18) cursaba quinto año del secundario cuando su cadáver, con un balazo calibre .22 en la espalda, apareció en un descampado de las afueras de la ciudad rionegrina de Viedma. Las sospechas apuntaron a que el joven observó sin saber algo referido al narcotráfico. Un año después de las absoluciones, la madre de Atahualpa logró que la Legislatura revisara lo actuado y dictaminara “con espanto” que abundaron las “irregularidades”.
