Amnistía Internacional (AI) denunció que los principales laboratorios y farmacéuticas productoras de la vacuna contra el coronavirus priorizaron sus intereses ante la toma de decisiones que "limitan la producción global" y "obstruyen un acceso justo" al fármaco durante una crisis sanitaria mundial.

El informe titulado "Doble dosis de desigualdad: las farmacéuticas y la crisis de las vacunas de covid-19" fue difundido en la previa de la cumbre mundial sobre vacunas que se realizará este miércoles.

De la mano del documento y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también lanzaron la campaña "Cuenta regresiva de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!". La misma tiene como objetivo que los países ricos y las empresas farmacéuticas aporten con el objetivo de vacunar al 40 por ciento de la población de los países de ingresos bajos o medianos-bajos antes de que termine el 2021.

Amnistía también apuntó contra los países más ricos, como el Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea, por "comprar el suministro y acumular dosis" en lugar de destinarlas a lugares con menos recursos.

La ONG consideró que, “en mayor o menor grado”, todas las empresas analizadas -AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer- fallaron en su responsabilidad legal y alimentaron una “crisis de derechos humanos sin precedentes” al no impulsar iniciativas que garanticen el acceso ya sea por su disponibilidad o por su precio.

Asimismo, las firmas rusas y chinas (Sputnik y Sinopharm) no han podido ser incluidas en el análisis por "falta de transparencia" en torno a sus operaciones y datos.

El texto también determina que las empresas han “monopolizado la propiedad intelectual, bloqueado las transferencias de tecnología y cabildeado con agresividad contra medidas que ampliarían la manufactura global de estas vacunas".

En paralelo, se detalla que las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna y la alemana BioNTech, decidieron distribuir su vacuna “casi exclusivamente” a países ricos, "anteponiendo su beneficio al acceso a la salud".

Estas empresas prevén ganar 130.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2022. Al respecto AI añade que "los beneficios nunca deberían estar por encima de las vidas".

Si bien el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, prometió anunciar compromisos adicionales para vacunar a los países más pobres, la ONG fue duramente crítica con el país.

Mientras tanto, AI celebró el compromiso de la empresa anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Johnson & Johnson de producir sus vacunas "sin fines de lucro" durante la crisis sanitaria, inclusive a un precio más bajo que sus competidoras. Sin embargo, advierten que, por la falta de transparencia "sobre los costes reales de producción", no se puede determinar con claridad si ésto se cumple o no.

En esa línea, la ONG señala la falta de participación de las grandes firmas mencionadas en iniciativas como el C-TAP, donde la OMS busca facilitar la transparencia de información, tecnologías, propiedad intelectual, procesos de fabricación y licencias para que otros fabricantes puedan reproducir el suero y así aumentar la cantidad distribuida.

Al momento, la única vacuna de bajo costo que se ha comprometido con los países de menor poder adquisitivo es la Novavax, pero el informe lamenta que aún no cuente con la aprobación de las autoridades sanitarias correspondientes.

También remarca la baja participación de las empresas y los Estados al mecanismo Covax de distribución, que permitiría que países menos desarrollados reciban la inoculación. El mismo aspiraba a contar con 2 mil millones de dosis repartidas a fin de este año, pero hasta agosto sólo se habían distribuido 190 millones.

"Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes. En vez de ello, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros", sostuvo la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard.

A modo de respuestas a la acusación, las empresas AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson reconocieron el valor fundamental de una distribución justa y equitativa de los sueros, aunque no todas coinciden con liberar las patentes para su libre reproducción.