América Latina “continúa en las listas negras del mundo en lo que refiere a la protección y ejercicio de los derechos humanos”, aseguró ayer Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI). La funcionaria de ese organismo planteó que existe una “situación regresiva” a nivel regional en materia de derechos humanos y señaló que el “lineamiento común que atraviesa todo el continente de punta a punta y que puede leerse como su principal causa: la protección del poder económico”. La “grave crisis” que existe se demuestra “desde la debilidad o ausencia de una agenda de la temática por parte de los gobiernos latinoamericanos, que se vuelven cínicos ante el ordenamiento internacional sobre derechos humanos al que se comprometieron, intolerantes a las críticas y reticentes a reparar situaciones”, intentó graficar la experta durante una conferencia de prensa que ofreció junto a Mariela Belski, directora de AI Argentina. Y puso ejemplos: los efectos que la “mal llamada” guerra contra el narcotráfico está provocando en México y en varios países de Centroamérica; la crisis en Venezuela; Brasil y las consecuencias de los “ataques violentos a la democracia”. Habló de la “feroz retórica del odio” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de “la retórica del olvido” de los funcionarios del Gobierno argentino en torno de la política de Memoria, Verdad y Justicia. También criticó la detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala, la modificación de la Ley de Migraciones vía DNU y la “deuda histórica en materia del ejercicio de derechos de las mujeres y las niñas” argentinas.

–Denunció una grave crisis a nivel continental. ¿Cómo se traduce esa crisis en Argentina? –preguntó PáginaI12 luego de la conferencia.  

–Hay muchas preocupaciones en materia de derechos humanos en Argentina, algunas son históricas y las fuimos denunciando en los diferentes gobiernos de la última década, en los cuales aún hoy no vemos cambios sustanciales. Lamentamos no conocer un plan de derechos humanos consolidado en lo que va del nuevo Gobierno, comandado por el presidente Macri. Una agenda que sea el centro de las políticas del Estado. Al contrario, escuchamos algunas retóricas regresivas, sobre todo en lo relativo al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que ha sido una bandera emblemática en el país. Hay una deuda histórica en materia del ejercicio de derechos de las mujeres y las niñas. Las mujeres no tienen acceso a decidir sobre sus propios cuerpos, no tienen acceso a un aborto seguro, legal y gratuito. Argentina también se encuentra de alguna manera salpicada por retóricas de odio racial habilitadas por la política. El DNU que modificó de manera regresiva la ley de Migraciones, que era ejemplo en la región, preocupa sobremanera. La detención arbitraria de Milagro Sala y otros dirigentes también es preocupante y común en la región. Detenciones por pensar diferente, por reclamarle al Estado, por oponerse a un modelo político.  

–Habló de cinismo de parte de los dirigentes y representantes de los gobiernos. ¿Qué actitudes del Gobierno argentino encuentra cínicas en relación a los derechos humanos?

– Hay un cierto cinismo en la retórica del gobierno actual porque no se ha puesto a la agenda de derechos humanos en primera plana. Existen las retóricas del olvido de algunos funcionarios de alto nivel que cuestionan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de reparación hacia las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que no se condenan de parte de la dirigencia. La explicación que dieron sobre el DNU que modificó la ley de Migraciones refiere a la  seguridad nacional, pero en realidad ni siquiera hay una política clara de cuidado de fronteras. Sí la hay de expulsión a los migrantes. 

–¿Y en el caso de los derechos de las mujeres?

–Argentina cuenta con una ley, incluso muy progresista, integral, con instituciones para proteger a las mujeres. Pero no cuenta con las regulaciones necesarias para ponerla en marcha ni con políticas de aplicación de recursos financieros que lo permita. No se atienden los problemas de manera integral. También es cínico. 

–Acusó a los gobernantes de ser indiferentes a las regulaciones del Sistema Interamericano. En Argentina la Corte falló en ese sentido. ¿Cuáles son las consecuencias?

–Lamentablemente lo vemos como una tendencia el hecho de no implementar resoluciones de la Corte Interamericana, o se implementan de manera tardía. Es muy preocupante. Este fallo de la Corte Suprema que pone en duda el efecto que deben tener los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país (el caso Fontevecchia) es una alerta grave del acceso a la justicia que los argentinos tendrán cuando la Justicia en su país no funcione. Y eso es muy emblemático de un ambiente regresivo en el cual las personas se ven sujetas a un uso indebido del sistema de justicia en su país, como es el caso de Milagro Sala, donde hay claramente una detención arbitraria. Esto está dicho por muchos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, pero no pasa nada. Y si el fallo de la Corte Suprema, porque el caso ahora está en la Corte, confirma la prisión arbitraria de la dirigente, pocas opciones ella tendrá poder reparar este daño que se ha hecho a sus derechos al debido proceso y a un juicio justo. 

–La Corte Suprema otorgó la reducción de condena a un represor condenado por delitos de lesa humanidad mediante el 2x1. ¿Cómo lo evaluaron?

–Para nosotros el fallo fue preocupante y emblemático de lo que pasa en toda la región, pero preocupante sobremanera de que suceda esto en Argentina, un país modelo en juzgar a responsables de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Sorprende mucho, da la sensación de que el sistema de Justicia no es independiente. Por otro lado, el Poder Ejecutivo dice ´respetamos la independencia del Poder Judicia´ y no rechazan el fallo. Esa neutralidad no debería existir en un gobierno que respeta los derechos humanos pues termina fomentando esta dependencia del Poder Judicial frente a posturas que son anti derechos humanos. 

–Menciona a la protección del poder económico como una causa general de la crisis de derechos humanos en la región. ¿Las políticas de ajuste son expresión de eso? 

–Existe una crisis económica que está menoscabando los derechos de las grandes mayorías y termina protegiendo el patrimonio de una mínima minoría, que es la que detenta el poder económico. Ese poder económico se empieza a traducir en poder político. Son las empresas que haciendo uso de ese poder económico terminan corrompiendo las instituciones del Estado y terminan generando abusos en los derechos humanos ocupando territorios que no son suyos, a través de leyes de expropiación o de concesión a la industria extractiva, principalmente.